El procedimiento abre la posibilidad de dar intervención a la Asamblea General de Naciones Unidas. Se trata de una situación inédita en la historia de México y en la del Comité, pues es la primera vez que se aplica a un Estado parte.
ABC.- Bajo el argumento de que debe reservarse en situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU iniciara un procedimiento contra México por desaparición forzada.
El embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante Naciones Unidas, argumentó ante la asamblea general de la ONU, que México se ha caracterizado por ser uno de los Estados más abiertos al escrutinio internacional y, además, siempre ha dado la bienvenida a los observadores internacionales que combaten este crimen atroz.
Sin embargo, reiteró su rechazo de que en el país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado.
“México no comparte la decisión del Comité en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 en un caso como el de mi país. La aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos, a fin de no desvirtuar su naturaleza ni sentar precedentes que puedan afectar la confianza y el espíritu de cooperación entre los Estados parte y el Comité”, dijo durante su participación.
“Cualquier modificación o interpretación sustantiva de la Convención, debe surgir de un proceso amplio y transparente y consensuado entre los Estados parte, sólo de esa manera se garantizará la legitimidad y la eficacia del sistema en beneficio de las víctimas y del propósito común que compartimos, erradicar la desaparición forzada”, expresó.
En qué consiste la investigación de la ONU contra México por desapariciones forzadas
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer la apertura del procedimiento el pasado 4 de abril, un par de semanas después de que se reportara el descubrimiento de restos humanos y cientos de prendas en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el cual, de acuerdo con autoridades, fue empleado como un centro de reclutamiento del crimen organizado.
De acuerdo con el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el procedimiento abre la posibilidad de dar intervención a la Asamblea General de Naciones Unidas, en caso de que así lo considere el Comité a partir del análisis de la información solicitada.
Se trata de una situación inédita en la historia de México y en la del Comité, pues es la primera vez que se aplica a un Estado parte.
Si bien el gobierno mexicano se ha mostrado dispuesto a cooperar, ha negado de manera reiterada que esta práctica se cometa en connivencia o por orden del Estado.
“El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, sostuvo en un comunicado compartido el pasado 5 de abril.
Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado “mucho desconocimiento” por parte del Comité de la ONU sobre la situación que enfrenta México y ha asegurado que este fenómeno está vinculado principalmente con la delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra, también se pronunció en contra de los señalamientos e incluso negó que en México exista una crisis de desapariciones, a pesar de que los registros oficiales muestran que en todo el territorio hay más de 129 mil personas desaparecidas y no localizadas.
