Especialistas advierten retroceso legal y concentración de poder en reforma a Ley de Telecomunicaciones; señalan censura a “medios incómodos”

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El Universal.-

La iniciativa presidencial de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un retroceso normativo que amenaza el sistema digital del país, concentra el poder en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que podrá censurar y bloquear a medios incómodos al gobierno, sumado a que no hay controles que frenen la eventual participación del crimen en el sector.

Destacaron especialistas al iniciar el primer conversatorio para analizar dicha iniciativa en el Senado de la República, donde se dijo que se debe avanzar en una ley con una visión de Estado y no en una que derive en control y censura.

El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo Torres Coto, expuso que la iniciativa de ley no sólo es un retroceso normativo sino amenaza a todo el sistema digital del país, porque lo que se requiere es una ley con una visión de Estado para invertir y conectar a todos los mexicanos

“No una ley de control y censura”, dijo el experto ante senadores de todos los partidos.

Advirtió sobre la concentración de poder en la nueva agencia que reúne funciones regulatorias, técnicas en una sola persona, “no podemos dejar en que una sola autoridad decida sobre el futuro de las telecomunicaciones”.

Indicó que dicha agencia podría incurrir en actos de censura y bloqueo de plataformas mediante simples requerimientos administrativos, lo cual abriría la puerta a una censura arbitraria contra medios incomodos. “Equivale a bloquear derechos fundamentales”.

Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y asesora experta en política y regulación de telecomunicaciones, confió en que se privilegiará la calidad sobre la prisa. “La apuesta debe ser privilegiar la apertura y no muros digitales”.

Expuso qué se debe saber si la nueva Agencia de Trasformación Digital y Telecomunicaciones tendrá facultades para impedir “que lleguen las concesiones a personas vinculadas al crimen organizado o al lavado de dinero. Es un tema delicado”.

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