Estado de excepción en Ecuador: entre la represión, el crimen organizado y la inacción
El uso recurrente del estado de excepción en Ecuador genera dudas. El Estado parece haber perdido el control de las cárceles, centros del crimen. ¿Inacción, ineptitud o complicidad?
DW.- “Esta es una declaración de guerra contra el Estado, el Gobierno y la sociedad civil”, dijo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, este 1 de noviembre, explicando las razones por las que impuso, por cuarta vez consecutiva, el estado de excepción.
Refiriéndose a los últimos atentados con bomba y ataques a la fuerza pública, Lasso aclaró en rueda de prensa que la “lucha estatal contra los privilegios en los cuarteles generales del crimen en los centros de reclusión” ha sido respondida con “terrorismo”.
Amparado en el artículo 164 de la Constitución de Ecuador, el presidente puede ordenar el estado de excepción en caso de “agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.
Con el estado de excepción, las autoridades ecuatorianas pueden suspender o limitar el derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, libertad de tránsito, de asociación, de reunión y de información.
En Ecuador se han decretado cuatro estados de excepción en lo que va de 2022:
1° Estado de excepción en provincias costeras
El 29 de abril de 2022 se decretó el estado de excepción y toques de queda en las tres provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas, desplegando 4.000 policías y 5.000 efectivos de las fuerzas armadas, para “contrarrestar la violencia generada por el narcotráfico”.
2° Trece días de paro nacional
El 20 de junio de 2022, Lasso dispuso el estado de excepción en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza por “grave conmoción interna”.
La medida generó un “levantamiento indígena nacional”. Derogarla fue una de las garantías exigidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para acceder a la mesa de negociaciones. Sus peticiones: empleo, derechos laborales, combate a la especulación, precios justos para la producción agrícola, reducir y congelar precios de los combustibles.
3° Control de armas, tráfico de drogas y patrullas
El 19 de octubre, Ecuador impuso el estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.
El mandatario anunció la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública.
4° “Sabotaje y terrorismo”
El 1° de noviembre se ordenó estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas por 45 días. La decisión fue tomada tras 10 atentados con explosivos contra gasolineras, unidades de policía y un hospital. En los hechos, los criminales asesinaron a cinco policías.
Una medida excepcional convertida en “normal”
¿Amerita la situación de inseguridad en Ecuador la instalación del estado de excepción como medida recurrente? “Ya no son una novedad en Ecuador. Los estados de excepción se han venido decretando en las provincias que registran un aumento de homicidios y atentados. Solo entre agosto de 2021 y 2022 ha habido en Ecuador 146 atentados”, dice a DW la experta en seguridad Carolina Andrade, quien agrega que Ecuador está superando récords de homicidios: “En 2022 podemos cerrar con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes. En 2017 teníamos una tasa de 5,8. Hoy es casi 4 a 5 veces mayor”.
Carolina Andrade, ex subsecretaria General de Inteligencia de Ecuador, considera empero que “los estados de excepción solo buscan mayor militarización y presencia policial en las calles, sin abordar realmente los temas de fondo”. Es decir, el creciente narcotráfico, la corrupción, la cooptación de militares, policías y funcionarios por parte del crimen organizado.
“Ecuador ha cedido territorio a organizaciones criminales. Pero el Estado, en vez de invertir en su recuperación, se limita a dar una respuesta represiva”, explica la politóloga. Un hecho ratificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en marzo pasado, señaló que en Ecuador “hay una ausencia de control efectivo por parte del Estado de los centros penitenciarios”. La analista ecuatoriana es más explícita: “En Ecuador, quienes controlan las cárceles son los delincuentes”.
Andrade destaca que la pérdida de espacios a manos del hampa en Ecuador no se limita a las cárceles y recuerda que “Estados Unidos denunció en 2021 la presencia de narcos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y policías vinculados a esquemas de lavado de dinero”. La Embajada de Estados Unidos no presentó públicamente los nombres de los llamados “narco-generales”. A su vez, el ministerio de Defensa desmintió que Washington le haya cancelado la visa a alguno de sus miembros.
¿Inacción, ineptitud o complicidad?
Lo constatable es que la “Contraloría de Ecuador realizó exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional y detectó indicios de responsabilidad penal en tres casos”, como reseña Primicias, el mismo medio al que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, le expresara el 10 de diciembre de 2021 la “preocupación” de Washington por la existencia de presuntos “narco generales”.
Es de presumir que el Gobierno de Ecuador conoce el diagnóstico de la situación y las medidas efectivas en contra. ¿Por qué solo parece recurrir al estado de excepción? “Todos sabemos hasta que en las cárceles debe haber escáneres que permitan los controles, pero no los hay. Los policías patrullan en estado de indefención”, responde la experta Carolina Andrade, quien concluye que “la inacción del Gobierno podría interpretarse como una complicidad sospechosa”.
