Aristegui.-
Durante 20 años, la Arquidiócesis Primada de México, protegió y encubrió al padre José Víctor Ortiz Montes, hoy hallado culpable por El Vaticano de múltiples abusos sexuales a menores.
El ex sacerdote, también conocido como el “Padre Pepe Ortiz”, pertenecía a la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Cruzados De Cristo Rey (CCR). Además, durante sus casi 30 años en la Iglesia, ocupó cargos relevantes, por ejemplo, el de secretario particular del entonces arzobispo y cardenal Norberto Rivera Carrera. También se desempeñó como Canciller de la Arquidiócesis de México de 2011 a 2017.
En 2003, se presentó ante el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Primada de México la primera denuncia por abuso sexual contra Ortiz Montes, pero continuó activo dentro de la Iglesia, sin ninguna medida preventiva para las familias que convivían con él, según denuncian familiares de las víctimas de sus abusos.
El “Padre Pepe” era conocido en la comunidad como un ‘promotor vocacional’. Dentro de los Cruzados de Cristo Rey, era organizador y gestor de retiros espirituales exclusivos para niños y jóvenes varones.
Testigos afirmaron a Aristegui Noticias que por lo menos tres veces al año dirigía excursiones a las montañas, campamentos, peregrinaciones, cursos formativos y actividades para menores de edad.
Era durante estas actividades extracurriculares que el “Padre Pepe” abusaba sexualmente de los niños. En espacios “íntimos”, proporcionaba los sacramentos, como la eucaristía, la confesión y la guía espiritual, a los jóvenes que eran sus víctimas, antes y después de abusar de ellos.
Hasta la fecha, en un sitio web de los Cruzados pueden verse imágenes y promocionales del entonces sacerdote con niños, niñas y jóvenes durante estas excursiones.
Entre 2003 y 2017, se presentaron ante las autoridades eclesiásticas las primeras cinco denuncias por abuso sexual.
Los superiores en turno, de los Cruzados de Cristo Rey y de la Arquidiócesis, tenían la obligación –desde 2003– de imponer medidas cautelares al acusado, para impedir más actos delictivos.
No obstante, existen evidencias de que, el entonces secretario particular de Norberto Rivera, continuó conviviendo con menores de edad, jóvenes y seminaristas por casi 20 años más.
Familias de las víctimas de los abusos aseguraron a este medio que previo a su sentencia, ni la Arquidiócesis, ni los Cruzados de Cristo Rey, dieron algún comunicado oficial que protegiera o advirtiera a la comunidad sobre las denuncias y el abuso sexual.
Después de 2017 se presentaron nuevas denuncias contra el “Padre Pepe Ortiz”, casos que a decir de las familias con hijos víctimas de abuso, se pudieron haber evitado si no se hubiera protegido al ahora ex sacerdote.
Denuncias, silencio y protección
La primera denuncia contra José Víctor Ortiz Montes se dio en 2003. Sin embargo, familias de las víctimas aseguran que hay casos de abuso sexual desde 1994.
Para 2017 ya se habían presentado 5 denuncias, afirman las familias víctimas.
Durante el mandato de Norberto Rivera como Arzobispo Primado de México y Cardenal, las denuncias contra su canciller no avanzaron ni prosperaron, pero tras la renuncia de éste en 2017 se reactivaron.
Además, se presentaron nuevas denuncias posteriores a esa fecha.
A partir de 2017 y hasta la fecha, Pedro Miguel Funes Díaz se ha desempeñado como superior general de los Cruzados de Cristo Rey. Durante este periodo, las investigaciones y denuncias en contra del sacerdote ya eran conocidas por la autoridad de esta orden religiosa.
No obstante, según imágenes y publicaciones en redes sociales, el religioso hoy sentenciado por abuso sexual seguía atendiendo eventos donde había menores de edad.
Mientras Joseph Ratzinger se desempeñaba como Prefecto de la Doctrina de la Fe en El Vaticano, Funes Díaz se desempeñaba como jefe de la oficina encargada de investigar, llevar a juicio y condenar a los clérigos responsables de abuso contra menores. Para 2017, había mínimo 5 denuncias en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Primada de México.
Vos Estis Lux Mundi, la carta del actual Papa, Francisco, enviada a los líderes de su iglesia, estipula que las investigaciones por presunto abuso deben concluirse dentro de un plazo de noventa días.
La investigación contra el excanciller duró casi tres años. Su condena otros tres.
La sentencia definitiva no se completó hasta enero de 2023.
