Familiares de Mujeres PL exigen al gobierno del estado, transporte para visitas al penal de Xolol
Blakely Morales
A más de un año de iniciado el proceso de traslado al centro de reinserción social femenil en la Huasteca, el penal de Xolol, ya alberga a más de un centenar de mujeres privadas de la libertad; y mientras las autoridades penitenciarias junto al gobierno del estado, sostienen el plan de hacer una cárcel exclusiva para mujeres , certificada bajo estándares estadounidenses, obligados por una recomendación de la CNDH, las mujeres presas y sus familias continúan padeciendo los estragos de la irregularidad inicial de este proyecto: la distancia.
Y es que, a pesar de que el penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional y su reglamentación en el artículo 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que tanto las personas sujetas a prisión preventiva como las sentenciadas, deberán y podrán cumplir con las resoluciones judiciales en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, actualmente la gran mayoría de ellas se encuentran a más de 300 kilómetros de su lugar de residencia.
Ante comentarios como el del secretario general de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez, de quien depende la política de seguridad y prevención, y quien ha argumentado ante los reclamos de las familias, que los traslados no contravienen las disposiciones legales, al ubicarse el penal de Xolol, dentro del estado de San Luis Potosí, las familias siguen reclamando porque visitar a sus hijas, que son principalmente mujeres jóvenes, madres y cabezas de familia, se ha vuelto una odisea.
Algunas organizaciones apoyaron durante los primeros meses del 2024 a las familias, facilitando un transporte mensual. Pero luego dejaron de hacerlo. Un grupo de madres organizadas se acercaron al DIF estatal, de quienes obtuvieron respuesta a mediados del año pasado, junto a la promesa de otorgar un transporte cada quince días, cosa que no ha ocurrido.
Ahora, las familias, solicitan tanto al gobernador del estado Ricardo Gallardo, como a la senadora Ruth González Silva, su intervención, para que, el Estado garantice de alguna forma, el cumplimiento del artículo 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
A la exigencia, se sumó también la presidenta de la asociación civil Nueva Luna, Marcela García, quien ha trabajado durante más de una década con la población de mujeres privadas de la libertad. Recientemente, de visita en el penal de Xolol, García quien es además ex titular del Instituto de las Mujeres del Estado, comenta que detectó, que como consecuencia de la lejanía, las pocas oportunidad laborales, de estudio, de esparcimiento y de verdadera reinserción, aunadas a las pocas visitas de sus familias, las mujeres privadas de su libertad allá, están presentando deterioro en su salud mental.
Escucha el reporte completo aquí
