Fernández Montiel podría recibir la pena máxima; tribunal bajo presión

Este miércoles, en la decimonovena jornada de audiencias en el juicio en contra de Alejandro Fernández Montiel, por el delito de violación, el tribunal se hará cargo de la individualización de la pena, es decir, es el momento del proceso oral en el que se determinará concretamente la pena aplicable de acuerdo al Código Penal de San Luis Potosí, tras el fallo y la sentencia condenatoria emitida la semana pasada.
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Blakely Morales Cruz

En opinión del abogado Luis Domingo Pérez Medina, quien fue el primer representante jurídico en suplencia del adolescente víctima de Fernández Montiel, el tribunal de enjuiciamiento colegiado no puede dejar de considerar ambas agravantes, tanto la de la minoría de edad, como la del delito cometido por un servidor público en activo, por lo que podría ser previsible que en la individualización de la pena se aplique la pena máxima de hasta 22 años de prisión contra el ex funcionario.

“Dice el artículo 171 del Código Penal de SLP en su párrafo segundo, que el delito de violación se sancionará con una pena de ocho, hasta dieciséis años de prisión; pero hablando de la punibilidad agravada, en su artículo 90 nos establece que los delitos cometidos en agravio de menores de 18 años de edad, y mayores de 60, incapaces, aumentará hasta la cuarta parte, según el delito que corresponda; simplemente al tener un agravante que en este caso es la edad de la víctima, sí estaría alcanzando hasta 22 años en el caso de que fuera la pena máxima” consideró Luis Domingo Pérez Medina.

La Fiscalía planteó desde un inicio, que por el delito de violación doblemente agravada, Fernández Montiel debía recibir sentencia condenatoria y una pena justamente de hasta 22 años de prisión; pero el criterio que tomará el tribunal es aún incierto puesto durante el pronunciamiento del fallo, el delito punible del cual el ex funcionario fue declarado culpable, fue violación específica agravada y no doblemente agravada. 

La solicitud de la Fiscalía se enmarca en términos de los artículos 171 y 173 del Código Penal vigente en el estado, los cuales definen que en cualquier circunstancia, el delito de violación se sanciona con una pena de ocho a dieciséis años de prisión; más una agravante de cuatro años por haber cometido los actos mientras era funcionario público, además de que aprovechó la tutela y la confianza para cometer el delito, situaciones contempladas en la fracción tercera del artículo 176; más la agravante de la minoría de edad, contemplada en el artículo 90.

El abogado Luis Domingo Pérez Martínez fungió como director de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes del DIF Estatal en el 2019, y correspondió a él ser el primer representante en suplencia del adolescente Brayan, ante la ausencia de un familiar directo, al momento en que realizó su entrevista inicial, así como durante las investigaciones que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales realizó a partir de octubre del 2019.

En ese sentido, el abogado Luis Domingo, consideró en entrevista para MG Noticias que “estamos alcanzando como sociedad, a través de la intervención del tribunal, un resultado acorde a la pretensión inicial del porqué se inició una denuncia”; pues como lo escuchamos la semana pasada, los órganos de prueba presentados por la Fiscalía, mostraron suficiencia para que se demostrara que sí ocurrieron los actos antijurídicos que tienen a Fernández Montiel a unas horas de conocer la sentencia final de los jueces.

Jueces bajo presión

Este miércoles, en la decimonovena jornada de audiencias en el juicio en contra de Alejandro Fernández Montiel, por el delito de violación, el tribunal se hará cargo de la individualización de la pena, es decir, es el momento del proceso oral en el que se determinará concretamente la pena aplicable de acuerdo al Código Penal de San Luis Potosí, tras el fallo y la sentencia condenatoria emitida la semana pasada.

Como a lo largo de todo el proceso oral, este miércoles, el tribunal se enfrenta a nuevas presiones, que han sido expresadas en los días y horas recientes por los abogados de Alejandro Fernández Montiel, quienes desde sus redes sociales, han emitido mensajes intimidatorios, en contra de los jueves Francisco Pablo Alvarado Silva, Javier Pérez Contreras y Carlos Ávalos Hernández.

A través de sus perfiles de Facebook, los penalistas Marco Polo Méndez Alonso y Antonio Rodríguez, han expresado frases como “Que chin… el tribunal”; o “Hijos de su PM”; incluso Méndez Alonso, quien también es presidente de la Asociación Potosina de Abogados, aseguró en un comentario: “La supuesta víctima no lo es, un tribunal débil, ignorante, irresponsable, eso es lo que vimos”.

Castración química ¿Funcionaría?

En este contexto, se vuelve pertinente analizar la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo, quien ha insistido en reiteradas ocasiones, en presentar una iniciativa de reforma para aplicar el método de castración química contra violadores; incluso, este martes el titular del Ejecutivo, aseguró que está prácticamente lista la iniciativa, y en el Poder Legislativo el líder de la bancada del Partido Verde José Luis Fernández Martínez, afirmó que será presentada en los próximos días.

Pero, ¿funcionará? Esto es lo que opinó para MG Noticias, el abogado Luis Domingo Pérez Medina.

“Creo que estamos como país y como sociedad, muy lejos de ello, y sería violatorio de Derechos Humanos; más bien creo que habría que buscar otros métodos, porque además no lo garantiza; es decir: el hecho de que la persona (violadora) pudiera limitar su posibilidad de copulación, no omite una de las fracciones del artículo 173 que en su fracción tercera, establece a qué se refiere con violación: quien con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal, cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, en una persona menor de 14 años, o que no tenga capacidad de comprender el significado”.

Es decir: “La violación no necesariamente resulta por la copulación por vía anal o vaginal del miembro viril, sino que puede ser cualquier otro objeto que violente de esa manera el organismo de una persona; entonces, creo que la castración química no sería una limitante para alguien que tenga esa patología”, consideró.

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