En el fallo calificado como “irregular” por la FGR, se estableció que el capo evada prisión preventiva y el uso de localizador.
ABC.- En un controvertido fallo, jueces de Almoloya han permitido que Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, evada la prisión preventiva y el uso inmediato de un brazalete electrónico, pese a su vinculación con delitos graves y su presunto liderazgo en el cártel “Escorpiones” del Cártel del Golfo.
El 20 de noviembre de 2024, el Juez de Distrito, Gregorio Salazar Hernández, resolvió, en una audiencia derivada de un amparo, que no procedía la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
En su lugar, impuso medidas como la presentación semanal ante la Presidencia Municipal de Matamoros, Tamaulipas, el pago de una garantía de 5 millones de pesos, la prohibición de salir del país sin autorización y el uso de un localizador electrónico. Sin embargo, posteriormente se le otorgó una prórroga de un mes para cumplir con estas medidas.
La situación se agravó el 26 de diciembre del mismo año, cuando el Juez Enrique Beltrán Santes, en guardia de asuntos urgentes, concedió otra prórroga de dos meses, permitiendo a Cárdenas aplazar la colocación del dispositivo electrónico hasta el 26 de febrero de 2025. Esta decisión se tomó sin dar vista previa a la FGR ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La FGR calificó estas determinaciones como irregulares y anunció la interposición de recursos legales para revocar los beneficios otorgados.
También presentará una queja contra el Juez Beltrán Santes ante el Consejo de la Judicatura Federal, argumentando que las decisiones judiciales obstaculizan el cumplimiento de las medidas cautelares y favorecen a un individuo acusado de liderar operaciones de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.
“El Contador”, identificado como miembro prominente del Cártel del Golfo, enfrenta un proceso de extradición internacional solicitado por Estados Unidos por su presunta participación en delitos graves y su presunto liderazgo con el cártel.
Este caso subraya las fallas en la aplicación de la justicia y pone en el centro del debate el papel de los jueces en casos de alto perfil vinculados al crimen organizado.
