Fiscal vulneró la presunción de inocencia de Miguel Ángel N., ex titular de Salud
Blakely Morales
El reciente jueves 16 de febrero, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en San Luis Potosí, resolvió conceder una suspensión definitiva en favor del ex titular de los Servicios de Salud, Miguel Ángel N., acusado de ejercicio abusivo de la función pública y asociación delictuosa; en el marco de un incidente de revisión registrado bajo el número de expediente 18/2023, allegado a ese órgano jurisdiccional el 10 de enero, y luego de la negativa de la juez federal del Sexto Distrito, de otorgar la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo indirecto, interpuesto por la defensa jurídica del ex funcionario.
En ese amparo inicial, registrado bajo el número de expediente 1580/2022, los abogados de la firma MLegal, reclamaron una posible violación al principio de presunción de inocencia de parte del fiscal general del estado José Luis Ruiz Contreras, en contra del ex funcionario quien asumió la titularidad de los Servicios de Salud, en febrero del 2021. En dicha demanda, los abogados documentaron las declaraciones realizadas por el fiscal, y publicadas el 14 de noviembre del 2022 en un medio local, en las que el primer abogado del estado, refirió que dentro del proceso en contra de Miguel Ángel N., no se descartaba volver a requerir como testigo o imputada a la ex titular de Salud Mónica Rangel.
Los abogados de Miguel Ángel N., recurrieron a esta segunda instancia, el Tribunal Colegiado en Materia Penal, que finalmente la semana pasada consideró fundado el agravió y resolvió en en una ponencia presentada por el magistrado José Javier Martínez Vega, darle la razón a la defensa jurídica del ex funcionario, y otorgar la suspensión definitiva, con la que el órgano jurisdiccional ordenó al fiscal general Ruiz Contreras, abstenerse de realizar declaraciones con las que se pueda exponer ante la sociedad al quejoso, como culpable de un hecho delictivo, y se constriña a presentar en forma descriptiva y no valorativa, la información relativa a él.
En su argumentación, los abogados de la firma MLegal, expusieron que la información referente a la investigación que sigue la Unidad de delitos patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, en torno al doctor Miguel Ángel N. debe ser de carácter confidencial; “máxime que, en el proceso penal de origen no se ha llegado siquiera a la etapa intermedia”.
El nombre de la ex titular de los Servicios de Salud, Mónica Rangel, quien se declaró culpable dentro de una causa similar a la que se sigue en contra del doctor Miguel Ángel N., y que recuperó su libertad a mediados del año pasado tras pagar una reparación de más de 22 millones de pesos, sigue estando en el foco de la atención, pues la Fiscalía General del Estado, ha caído en contradicciones pues primero afirmó públicamente que no existía relación entre ambos casos, pero este lunes, en una nueva audiencia de vinculación dentro de la causa penal que se sigue en contra de Miguel Ángel N., las fiscales del caso volvieron a citar el expediente que imputó a Rangel, a dos ex funcionarios y al representante legal de la firma con la que simularon la compraventa de químicos para combatir el dengue.
Este lunes 20 de febrero, en la sala 4 del Centro de Justicia Penal, en audiencia dirigida por el juez de control Javier Pérez Contreras, se repuso la audiencia del 09 de mayo del 2022, en cumplimiento con la ejecutoria emitida por el juzgado cuarto de Distrito, que a través de otro amparo, el 704/2022, que recibió una resolución a finales de octubre, determinó que se violentó el derecho de Miguel Ángel N. a una defensa adecuada, pues se le vinculó a proceso y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin haber podido establecer comunicación con una abogada pública, ni contar con acceso a la carpeta de investigación en su contra.
Durante la audiencia, el juez Pérez Contreras declaró sin efecto el auto de vinculación a proceso de mayo del año pasado, y la Fiscalía realizó por segunda ocasión la formulación de imputación, bajo la prevención de que el cuerpo de argumentación para iniciar un juicio contra Miguel Ángel N. debía ser idéntico en cuanto a los hechos de los que se le acusan, a los presentados hace casi un año.
La defensa de Miguel Ángel N. fue quisquillosa, y rebatió cada detalle de la formulación de la Fiscalía, cada coma, resaltó imprecisiones en fechas, apellidos, denominaciones, domicilios, y hasta el hecho de que, a diferencia de aquella primera vinculación a proceso, al ex funcionario se le manejó como autor directo de los hechos, y ahora se le tiene por coautor. El juez no dió la razón a la defensa y consideró que en los hechos, la formulación era la misma, que no había perjuicio, y que era absurdo fijarse en esos detalles que le parecieron nimiedades.
Tras la formulación, el doctor Miguel Ángel N. decidió subir al estrado de los testigos para rendir una nueva declaración, pero antes solicitó se le aclararan algunos puntos expuestos dentro de la argumentación de la Fiscalía. Por ejemplo: la fiscal del caso expuso que el doctor había participado en tres reuniones entre marzo, abril y mayo del 2020; en la primera, autorizó la compra de los plaguicidas, en la segunda la adjudicación directa para la empresa Public Health Supply, y en la tercera, junto a Mónica Rangel y diversos funcionarios, según su versión, estuvo presente en las oficina de la COEPRIS, donde el representante legal de la empresa, acompañado de otras personas, devolvió en tres maletas deportivas los 32 millones 732 mil 800 pesos, del esquema de simulación de compra.
Miguel Ángel N. preguntó directamente a la fiscal si ella tenía documentos firmados por él que probaran que participó en esa simulación; pero la fiscal resolvió la pregunta diciendo que dentro del hecho no se establecieron firmas, sino únicamente que se había reunido y “se había puesto de acuerdo con otros funcionarios, para simular la compra de 193 tambos de plaguicida”. El doctor también quiso saber el monto económico con el cual se habría beneficiado, pero la fiscal no tuvo ese dato y tan solo reiteró que los 32 mdp habían sido devueltos en su totalidad a los ex funcionarios presentes en la reunión, manejando el término “reintegrar”.
Al tomar la palabra Miguel Ángel N. se dijo sin responsabilidad ni culpa en los hechos que se denuncian, aseguró que no firmó ni obtuvo beneficios de la simulación de la compra, que no estuvo en ninguna reunión con las personas señaladas, que jamás ha tomado dinero público y que los testigos que deponen en su contra, mienten. Sin embargo, el doctor no estuvo dispuesto a responder preguntas.
La fiscalía recibió el apercibimiento del juez, pues al formular su solicitud de vinculación a proceso, agregó nueva documentación que no había mencionado en la fallida audiencia del 9 de mayo del 2022, lo que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales va en en contra de los principios de lealtad y objetividad. Hubo momentos de tensión en la sala, franca confrontación y hasta molestia del juez Pérez Contreras, al ser increpado en diversas ocasiones por el defensor de Miguel Ángel N., el abogado Alejandro Manríquez, titular de la firma MLegal, quien en todo momento estuvo haciendo reclamos a tambor batiente y terminó bastante molesto, pues consideró injusta la negativa del juez de permitir que la defensa acceda a la carpeta de investigación 2502, de la causa penal 211/2022, citada por la fiscalía en su solicitud de vinculación, y que corresponde al caso de Mónica Rangel.
De hecho, entre los testimonios citados por la fiscalía en su solicitud, mencionó uno, del antecesor de Miguel Ángel N. en la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud, quien dijo a una agente de la Policía de Métodos de Investigación, que desde 2018 y 2019, se sabían de los manejos turbios en esa dependencia, derivados de la orden que dio Mónica Rangel de adjudicar adquisiciones a empresas que ella misma palomeaba; este testimonio, de un doctor de iniciales MAGA, menciona que una ex funcionaria de nombre Patricia Gómez Esparza, quien también fue vinculada a proceso junto a la doctora Mónica Rangel, portaba diamantes y joyería de diseñador en los horarios de oficina, y en alguna ocasión le confesó que “ya se estaban viendo las ganancias”, pero nada se dijo de alguna implicación directa del doctor Miguel Ángel N. en los hechos.
La defensa del acusado, finalizó su intervención este lunes, solicitando la duplicidad del término constitucional para ofertar un desfile probatorio, por lo que la audiencia fue suspendida para este próximo viernes; también requirió al Poder Judicial, citar a casi treinta testigos mencionados por al fiscalía, desde ex funcionarios hasta funcionarios en activo, responsables de área, almacenes y de las jurisdicciones sanitarias de Tamazunchale, Tancanhuitz, Valles, Rioverde Matehuala y la capital, hasta al actual titular de los SS, el doctor Daniel Acosta Díaz de León, en su calidad de denunciante principal de los hechos de los que se acusa al doctor Miguel Ángel N.
