Fiscalía de Brasil pide condena de cárcel para el primer acusado por el asalto del 8 de enero

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La Procuraduría General de Brasil solicitó condena a prisión para el primer acusado que la Corte Suprema de Justicia ha llevado a juicio por el “grave atentado contra la democracia” ocurrido el pasado 8 de enero. La petición se da en el inicio del juicio por la asonada en Brasil, en el que la Fiscalía pide la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados.

France 24.- La Procuraduría General de Brasil pidió condenar a prisión al primero de los acusados que la Corte Suprema sienta en el banquillo por los hechos del 8 de enero pasado donde la justicia brasileña señala como un “grave atentado contra la democracia”.

El viceprocurador Carlos Frederico Santos declaró en la primera audiencia del juicio sobre la asonada de enero que se trató de un movimiento “totalitario” que intentó “derrocar” al Gobierno de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. El funcionario afirmó que este movimiento se basó en el pretexto de un supuesto fraude en las elecciones de 2022, alimentado por “mentiras” de la ultraderecha.

Según Santos, el movimiento empujado por “noticias falsas” y “sin prueba alguna” sobre esas presuntas irregularidades, tuvo sus bases en comentarios que hizo por redes sociales el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha derrotado en las urnas por ‘Lula’.

El representante de la Procuraduría solicitó una sanción pecuniaria de 100 millones de reales, unos 20 millones de dólares, que debería ser pagado entre todos los condenados.

El primer juzgado por el Supremo es Aécio Lúcio Costa Pereira, en prisión desde el mismo 8 de enero, quien fue detenido en los disturbios de ese día en Brasilia. Es el primero de los cuatro acusados que el tribunal sienta en el banquillo y el primero de los 1.390 investigados que responde penalmente por esa asonada.

Santos relató que tras el anuncio del resultado de las elecciones brasileñas “hubo una nítida y muy preocupante escalada” de violencia, con protestas de seguidores de Bolsonaro que se apostaron a las puertas de los cuarteles del Ejército para pedir la intervención de los militares ante el supuesto “fraude”.

La participación del primer acusado en el asalto está “plenamente comprobada”

La intención era “consolidar un régimen de excepción”, según el viceprocurador, con acciones que derivaron en el asalto a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Supremo, ocho días después de la investidura “constitucional y legítima” de ‘Lula’.

El funcionario agregó que la participación del primer acusado en estos hechos fue “plenamente comprobada” mediante diversas imágenes obtenidas en las cámaras de los edificios públicos, así como en videos y mensajes que el propio Costa Pereira publicó en sus redes sociales.

Los más de 1.000 acusados deben responder a la justicia por delitos como asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños y destrucción de patrimonio público, que suponen hasta 30 años de cárcel.

Este miércoles se dieron inicio a las audiencias para determinar la responsabilidad de Costa Pereira y otros tres acusados, que son los primeros llevados a juicio por la asonada.

Tras la invasión bolsonarista a los poderes de Estado brasileño, ‘Lula’ ordenó una serie de destituciones y relevos de cargos militares en órganos del gobierno.

Muchos analistas y expertos han señalado las similitudes entre el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2022 y el asalto a los poderes en Brasil el 8 de enero de 2023.

Aunque los ataques fueron perpetrados por grupos de extrema derecha que se negaban a aceptar el resultado de las elecciones y buscaban asaltar las instituciones de poder, hay diferencias en cuanto al papel de los militares, ya que en Estados Unidos los altos cargos militares condenaron el ataque, mientras que en Brasil la justicia investiga la participación o complacencia de las fuerzas castrenses.

 

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