Fiscalía de Estados Unidos acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a cárteles mexicanos
Estados Unidos acusa al exmandatario venezolano Nicolás Maduro por presuntamente vender pasaportes diplomáticos a integrantes del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas
ABC.- La Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro por presuntamente vender pasaportes diplomáticos a integrantes del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas, con el fin de facilitar el envío de cocaína hacia territorio estadounidense.
La imputación fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en un documento de 25 páginas, en el que se señala que los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2008, cuando Maduro se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez. De acuerdo con la Fiscalía, los pasaportes diplomáticos otorgaban inmunidad y ventajas logísticas a operadores del narcotráfico para movilizar cargamentos de droga.
El expediente sostiene que las organizaciones mexicanas mantenían vínculos con el denominado Cártel de los Soles, estructura criminal atribuida a altos mandos del régimen venezolano. Según la acusación, la cocaína era procesada en Colombia y Venezuela, y enviada a través de rutas que incluían el Caribe, Honduras, Guatemala y México antes de ingresar a Estados Unidos.
En el documento también se menciona al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, señalado por presuntamente recibir sobornos para garantizar el traslado de cargamentos. Asimismo, se refiere a Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, como presunto financista de laboratorios en Colombia cuya producción tenía como destino el mercado estadounidense.
Proceso Judicial en Nueva York
Maduro, de 63 años, gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero de 2026, cuando fue depuesto, y tras su detención en enero pasado en Caracas y su posterior trasladado a Nueva York, el mando fue asumido por la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
En su primera comparecencia se declaró inocente y se definió como “prisionero de guerra”, frente a las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense. Su audiencia programada que originalmente estaba prevista para el 17 de febrero fue aplazada al 26 de marzo por razones logísticas, ese mismo día también comparecerá su esposa, Cilia Florea
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas redes de narcotráfico y corrupción con alcance internacional y que ha atraído la atención global debido al perfil del acusado y las implicaciones políticas y diplomáticas que conlleva.
