Animal Político.- La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, utilizó un software para rastrear la ubicación de personas a través de sus celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, pero sólo presentó 328 peticiones ante jueces federales para realizar geolocalizaciones y obtuvo la autorización correspondiente, es decir, en 0.24% de los casos, pese a que por ley estaba obligado a siempre solicitarlo.
Por estas adquisiciones, la Fiscalía gastó alrededor de 142 millones 898 mil pesos entre 2018 y 2019, según se detalla en los contratos número PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2018, PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/003/2018 (página 16) y FGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2019.
La Fiscalía no tiene información sobre el número de víctimas rescatadas o personas detenidas resultado de estas vigilancias, a pesar de que son las únicas razones por las que pueden rastrear la ubicación de ciudadanos.
Durante meses, la FGR se negó a responder vía transparencia sobre las adquisiciones de este tipo de tecnologías bajo el argumento de que eran utilizadas para la “investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada”.
Fiscalía General de la República confirma compra y uso de software de intervención de ubicaciones
Sin embargo, a través de múltiples solicitudes de información y recursos de revisión, Animal Político confirmó que la institución compró y usó software de intervención de ubicaciones.
Entre 2018 y 2019 contrató a la empresa Neonlix de México S. A. de C. V. para adquirir el software Geomatrix capaz de vigilar la ubicación de celulares mediante las redes telefónicas a las que el aparato se conecta.
Aunque testó las descripciones de las compras, admitió que adquirió 390 mil 500 consultas del software Geomatrix cuya vigencia de uso se extendía hasta 2021. Al corte de septiembre de ese año, la Fiscalía lo había usado en 135 mil ocasiones, asegurando que “todas las consultas utilizadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación se realizan con autorización de la autoridad Judicial”, de acuerdo con la respuesta que proporcionó al recurso de revisión RRA 10492/22.
Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Fiscalía informó que entre 2019 y 2021 había presentado 328 solicitudes de vigilancia a jueces federales, pero sin diferenciar cuántas de ellas fueron para usar el software Geomatrix o para pedirles la información a concesionarios de telefonía.
Aún si se considerara que la totalidad de estas solicitudes judiciales hubiesen sido para realizar geolocalizaciones a través del sistema Geomatrix, significa que de las 135 mil ocasiones en que usaron el software, sólo en 0.24% de los casos lo hicieron con autorización judicial.
¿Cuántas personas vigiló la FGR?
Con la información obtenida no es posible calcular a cuántas personas vigilaron, toda vez que cada solicitud que la Fiscalía hizo a jueces puede contemplar a más de una persona o múltiples equipos tecnológicos.
Además, en otra solicitud de información, la Fiscalía reconoció haber vigilado a 3 mil 157 personas entre 2018 y 2021, pero esto incluye, además de las geolocalizaciones, intervención a comunicaciones privadas, obtención de datos conservados y extracción de datos; es decir, pudo utilizar softwares adicionales a Geomatrix.
Esta cifra también es mayor a las 328 autorizaciones judiciales obtenidas por la FGR.
El área de comunicación social de la FGR fue contactada para solicitar una entrevista o postura, pero no hubo respuesta.
En las solicitudes a un juez federal para intervenir la geolocalización de celulares, la Fiscalía expuso como razones: la acreditación de teoría del caso, investigación, fortalecer la actuación en la investigación de delitos relacionados con Operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda.
Corroborar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron realizados los hechos del delito; para recabar datos de prueba o agotar líneas de investigación.
Entre las instancias que solicitaron el acceso a los registros de localización están la FGR, las delegaciones de Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo y agentes del Ministerio Público de la Federación o Juzgados, entre otros.
El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la fiscalías del país pueden intervenir geolocalizaciones con previa autorización judicial o podrán hacerlo sin permiso, cuando la vida de personas esté en riesgo, pero en menos de 48 horas tendrán que acreditarlo ante el juez federal.
Pero la fiscalía de Gertz Manero admitió en la respuesta de acceso a la información 330024624000021 y 330024624000011 que “no se cuenta con información” sobre la cantidad de víctimas rescatadas y las personas detenidas como resultado de las intervenciones a geolocalizaciones que efectuó.
El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García Muñoz, consideró que la legislación que regula la vigilancia de localizaciones permite interpretaciones para “decir ‘ah, no, es que aquí yo no tengo que pedir atención judicial, porque yo no necesito la colaboración de un concesionario telecomunicaciones, lo hago de manera autónoma’. Eso me parece irracional y una tontería”.
García Muñóz opinó que el problema de que autoridades puedan abusar de las intervenciones a geolocalizaciones se debe a que “está mal hecho el artículo 303 (del Código Nacional de Procedimientos Penales). (…) La manera en la que fue redactado el artículo 303 es que la localización geográfica en tiempo real sucede únicamente vía un concesionario de telecomunicaciones y yo no estoy de acuerdo con eso”.
