Fiscalía española acusa ahora a Shakira de defraudar 6 millones de euros

Para defraudar al fisco, sostiene la Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó “declaraciones inveraces” del IRPF, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.

Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios “contratos simulados”, de forma que se benefició de una tributación “muy reducida” que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39 %.

Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, “era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales” que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una “intervención meramente formal y administrativa”.

También refiere la querella que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira “El Dorado” -que incluyó 53 conciertos en 22 países-, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.

La denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos menciona otras 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar los ingresos procedentes de su carrera musical, así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y financiero.

Además, el ministerio público considera que Shakira se dedujo siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter “eminentemente personal”.

Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet privado -150.483 euros -, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora.

Shakira está pendiente de juicio por otra querella por fraude fiscal que el ministerio público presentó contra ella, precisamente en el año 2018, una causa que siguió adelante pese a que la artista devolvió 17,2 millones de euros a la Agencia Tributaria -la suma presuntamente defraudada más los intereses-, una vez que supo que estaba siendo investigada.

En ese proceso, la Fiscalía pide una pena de ocho años y dos meses de cárcel y multa de 23,8 millones para la cantante colombiana, quien en julio del año pasado rechazó llegar a un acuerdo con la Fiscalía y decidió jugársela en el juicio, aunque aún tiene tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana- hasta el momento de sentarse en el banquillo.