Frente anticorrupción exige a Nava cumplir

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“No habrá impunidad”, expresó el alcalde Xavier Nava Palacios el 1 de octubre de 2018 en la Plaza de Armas al rendir protesta. Para el Frente Ciudadano Anticorrupción resulta preocupante que hayan pasado dos años, se hayan revelado mil 483 observaciones e irregularidades a la anterior administración, sólo se hayan presentado 11 denuncias por corrupción contra los exfuncionarios, y no se informe de acciones concretas y firmes para dar impulso real a que se sancionen efectivamente esas corruptelas y se limiten, con cierto toque de conveniencia para su propaganda, a esporádicamente hacer pronunciamientos públicos para señalar que la responsabilidad está en las fiscalías estatal y federal. “No habrá punto final que justifique la impunidad: lo que se deba se tendrá que pagar”, agregó Nava Palacios en la sesión solemne que inició su gestión. A dos años, no sale de un punto y seguido en el que no rinde buenas cuentas a la ciudadanía, a la que le queda a deber una relación pormenorizada de las acciones y promociones que haya llevado a cabo, de tal manera que acredite que ha hecho todo lo que está a su alcance para hacer efectivo su pronunciamiento y no sólo deje ver que se ha limitado a frases y declaraciones efectistas que, al prevalecer la impunidad, se convierten en mera simulación. ¿Hasta dónde se puede estirar su afirmación de que en el primer año se puso la casa en orden y se restauró el valor del apego a la ley, si no se ha cumplido la aspiración de la ciudadanía de que se pusiera fin a la impunidad?

Peor aún si se pone en riesgo a la ciudad con los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMTODU) y de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PMDUCP), cuyas versiones finales ya trabaja el Cabildo, pero lo hace de espaldas a la ciudadanía que –sólo a través de filtraciones– conoce indicios de que se abrirá parte de la Sierra de San Miguelito a la depredación inmobiliaria para anteponer los intereses de fuertes grupos económicos ligados al poder público por encima de los graves riesgos ecológicos que representa para quienes habitamos esta ciudad capital. Destaca que entre los empresarios favorecidos se encuentra Carlos López Medina, quien tiene al menos tres grandes pendientes con la administración municipal que afectan su patrimonio: (1) sus adeudos por impuesto predial; (2) sus maniobras para entregar áreas de donación inservibles en sus desarrollos inmobiliarios y (3) el usufructo del agua de la ciudad a través de la concesión a su empresa Aguas del Poniente que, por omisión de la autoridad municipal no ha concretado el contrato respectivo y –con ello– el establecimiento y la posibilidad de hacer efectiva la contraprestación señalada en el acuerdo de Cabildo de diciembre de 2008; una omisión que le ha permitido a ese empresario vender el agua de los potosinos al poniente de la ciudad sin pagar un solo peso por ella. Al no hacer efectivos esos adeudos, pretender en los programas PMTODU y PMDUCP abrir la posibilidad de urbanizar parte de la Sierra de San Miguelito incrementa las sospechas de una inaceptable complicidad con los grupos económicos involucrados, en perjuicio de la mayoría de la población.

No promover un combate efectivo a la impunidad y desproteger la ciudad de la pretendida depredación de la Sierra de San Miguelito son compromisos incumplidos que no se pueden aceptar ni tolerar por el hecho de que se tengan avances en el cumplimiento de obligaciones como el saneamiento de las finanzas, la iluminación de la ciudad, algunas obras y tantas otras acciones que se presumen, en una malsana actitud propagandística, como actos extraordinarios. Cumplir una obligación pierde parte de su mérito en el momento en el que se convierte en instrumento para buscar un reconocimiento forzado a golpe de una promoción que redunda en un gasto excesivo de recursos públicos que repiten esquemas de administraciones anteriores y que, incluso, fueron criticadas por quien hoy se vale de ellas.

Desde el pasado mes de mayo, el Frente Ciudadano Anticorrupción solicitó formalmente al alcalde Xavier Nava Palacios, y a los integrantes del Cabildo, una represupuestación para que se moderara ese gasto. Ante la falta de respuesta del alcalde, el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó una denuncia ante el Consejo Estatal Electoral por la promoción personalizada que se encuentra en trámite. Aunque se insistió con escritos dirigidos a los integrantes del Cabildo, alcalde, regidores y síndicos se cerraron a un diálogo real por lo que se le comunicó de manera formal la conclusión a la que se llegó como Frente, en los siguientes términos:

“…lamentamos haber encontrado un Ayuntamiento de puertas cerradas, encabezado por un presidente municipal que no tiene el menor escrúpulo en exhibirse en actos partidistas como aspirante a la gubernatura lo que, combinado con su excesiva propaganda al frente de la administración municipal, demerita las acciones que deberían ser genuinamente de gobierno para convertirlas en meras acciones a conveniencia de un precandidato. La ciudadanía eligió a un presidente municipal que rescataría al Ayuntamiento de la crisis provocada en las anteriores administraciones, no a un precandidato que aprovecha el cargo para condicionar, con su propaganda, sus acciones de gobierno –así sean positivas– a una promoción de su imagen.

 

“En virtud de que, con su respuesta evasiva y su actitud de cerrazón a cualquier posibilidad de diálogo, no nos responde como presidente municipal sino como quien antepone sus intereses de futurismo electorero, consideramos inútil insistir en nuestras observaciones. No obstante, nos permitimos informarle que nos mantendremos atentos sobre su desempeño y nos reservamos nuestro derecho a actuar en consecuencia, conforme a nuestras posibilidades y a las instancias que encontremos disponibles”.

A una semana del informe del alcalde Xavier Nava Palacios, como Frente Ciudadano Anticorrupción hacemos una exigencia pública a las autoridades municipales para que dejen de desvirtuar lo que podría ser una buena actuación al frente del Ayuntamiento, re encausen sus objetivos a las aspiraciones ciudadanas por las que lograron su apoyo que son un verdadero combate a la impunidad y el rescate y protección de la ciudad, y eviten que su último año al frente de la administración se contamine por los futurismos electoreros, como hasta ahora han dejado ver con una propaganda innecesaria que ha demeritado sus actos de gobierno.

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