Proceso.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descalificó la validez de información contenida en el reporte de la presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia y en el caso Ayotzinapa (Covaj), que presentó subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y anunció la salida de dos de sus integrantes.
En conferencia de prensa en instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los expertos informaron que tras someter a un análisis pericial forense 467 de las capturas de pantalla consideradas en el informe de la Covaj como nueva prueba, se evidenció que al menos 181 de ellos se encontraron discrepancias tecnológicas, pues “varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del Screenshot, o sea la fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envío de mensajes”.
En un pronunciamiento conjunto, los expertos independientes Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Ángela Buitrago, dieron detalles de las falencias contenidas en la información presentada por la Covaj como determinante para demostrar que los 43 jóvenes habían sido ejecutados y desaparecidos en diferentes lugares, por lo que pidieron a las autoridades una investigación sobre el origen de los mensajes.
De forma reiterada, los expertos señalaron que las 83 órdenes de aprehensión que solicitó el exfiscal Omar Gómez Trejo, no tienen que ver con el informe de la Covaj, sino que eran el resultado de un trabajo minucioso, de ahí que es incomprensible que la Fiscalía General de la República (FGR), por órdenes del fiscal Alejandro Gertz Manero ordenara la cancelación de 21 de ellas, entre las que estaban 16 militares encauzados.
Los expertos descartaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya construido una nueva ”verdad histórica” al señalar que “no se torturó a nadie para sostener una nueva versión”, que no hubo la contratación de peritajes para contradecir al GIEI y que se ha dado acceso a más de 70 mil folios de documentación por parte del Ejército Mexicano.
Ángela Buitrago reconoció sin embargo, que hay resistencia para entregar documentación militar, pero que se han reunido con el presidente López Obrador para insistir nuevamente en que se proporcione documentación de Inteligencia Militar de la región norte de Guerrero.
Carlos Beristain explicó que de manera colegiada decidieron que él y Buitrago permanecerán en la supervisión de la investigación como parte de un mecanismo de seguimiento, considerando que para que avance la indagatoria “es necesario que esté en ella personal que conozca de la documentación” sobre todo luego de que arribara a la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra.
Sobre ese nombramiento, Beristain agregó que hicieron ver a las autoridades que había sido inadecuado que no se tomara el parecer de los padres y madres de los normalistas desaparecidos.
Francisco Cox, calificó como una “torpeza” incluir entre la documentación de la Covaj los mensajes mismos que “no sabemos si fueron creados”.
Ángela Buitrago señaló que la permanencia de dos de los integrantes del GIEI en el mecanismo de seguimiento forma parte del compromiso que los expertos han hecho con las familias de llegar a la verdad, y de cumplir con un mandato para hacer señalamientos si hay desvíos de la investigación para “corregir el rumbo”.
Buitrago puntualizó que “bajar las manos no contribuye en nada” y aún tienen confianza en que habrá esclarecimiento en esta administración, debido a que hay avances que no se dieron en los primeros años de ocurridos los hechos, con la administración de Enrique Peña Nieto.
No obstante, hizo un llamado a que “paren la simulación” y la estrategia de hablar de fallas en las 21 órdenes de aprehensión canceladas para justificar su anulación.
En su pronunciamiento, los expertos alertaron que México “se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones “ y consideraron que el país “tiene una oportunidad de mostrar que la voluntad política junto con la independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman en este caso y en otros muchos miles que han dado en el país”.
