Gobierno de Gallardo se muestra indolente ante el caso Pontigo; ignora citas con AI

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Blakely Morales

Como resultado de su jornada de trabajo en SLP, el grupo de abogadas defensoras de la causa de Esperanza Luccioto, madre de la joven Karla Pontigo, la organización Amnistía Internacional, informó que obtuvo un compromiso formal de parte del fiscal general del estado José Luis Ruiz Contreras, comprometió la creación de una nueva Fiscalía Especializada en Feminicidio.

En el marco de la próxima conmemoración de los 10 años de la muerte de la joven Karla Pontigo, Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia, realizaron un par de jornadas de trabajo en la capital potosina, en donde se reunió con el Fiscal General del Estado José Luis Ruiz Contreras, y con el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno Ángel Gonzalo Santiago Hernández. 

De acuerdo a la asesora jurídica del caso Karla Pontigo, la abogada Yesenia Valdez, el fiscal general José Luis Ruiz Contreras, hizo un compromiso formal, de conformar una Fiscalía Especializada en el delito de Feminicidio, para el próximo año; sin embargo, en los partes oficiales, la Fiscalía no habló del tema.

En un comunicado, la FGE solamente informó que el fiscal Ruiz Contreras se reunió con Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional y “con representantes de organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos”; y que entre otros acuerdos, “se determinó seguir realizando las mesas de trabajo conjuntas entre la institución y las familias para dar seguimiento puntual a diversos casos penales”.

Amnistía Internacional señaló en su comunicación oficial, que Ruíz Contreras se comprometió a crear, para el año 2023, una Fiscalía Especializada en Feminicidios, ante la persistencia de las omisiones y deficiencias en las investigaciones, y tras la desaparición el 18 de marzo de 2022,  de la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, en la Investigación y Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI), que había sido creada justamente para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con el caso de Karla Pontigo.

Pero luego de que la investigación fuera retomada por la Fiscalía General de la República el año pasado, la Fiscalía del estado, se desentendió de los casos de feminicidio en San Luis Potosí.

En un encuentro aparte, con el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del gobierno estatal Ángel Gonzalo Santiago, este funcionario rechazó que el gobierno estatal incumpla el proceso de reparación integral del daño a la familia Pontigo Luccioto, pues justificó que el Plan Integral de Reparación de Daño que emitió en 2016 la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) se suspendió por un amparo interpuesto por la madre de la joven, pues el estado se desentendió de la reparación, en cuanto la señora Esperanza decidió acudir a buscar justicia, al ver que aquí en SLP el caso seguía entrampado.

En la gira de trabajo de las organizaciones estaba previsto que se reunieran con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Sin embargo, ni él, ni el Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Sánchez Torres, las recibió. En cambio sostuvieron un encuentro con el Subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Angel Gonzálo Santiago Hernández, y con el Comisionado de Atención a Víctimas, Miguel Ángel García Amaro.

En la reunión, dichas autoridades no accedieron a firmar un convenio de reparación integral del daño para la familia de Karla Pontigo, que les fue propuesto por las organizaciones, argumentando que estaban a la espera de un dictamen de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, por lo que, dijeron, no podían emprender ninguna medida al respecto

El subsecretario de la SGG, Santiago Hernández, explicó que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió en 2017 anular el Plan de Reparación del gobierno estatal y cedió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del orden federal estudiar el caso y presentar el respectivo Plan de Reparación y a la fecha, no se ha presentado.

En este sentido, las organizaciones destacan que si bien el gobierno estatal no hizo justicia a Karla y a su familia –dado que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República–, sí tiene la obligación de reparar el daño. Por este motivo, informaron que solicitarán de nueva cuenta una reunión con el gobernador del estado los días 8 o 9 de agosto, para pedir que la reparación integral del daño se realice de acuerdo a los más altos estándares internacionales, colocando en el centro a la señora Esperanza Lucciotto López, madre de Karla Pontigo.

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