Acusando a las autoridades de abandonar a la población, integrantes de la Iglesia buscaron un acuerdo con jefes delincuenciales
Infobae.- Días después de que se diera a conocer la decisión de algunos obispos de Guerrero de reunirse con representantes del crimen organizado para solicitar un acuerdo de paz, el gobierno estatal compartió su postura al respecto.
Ludwig Marcial Reynoso, secretario general de Gobierno, manifestó en la mañana del 19 de febrero que las autoridades de la entidad no llevarían a cabo ninguna negociación con los grupos delictivos.
Sus declaraciones, retomadas por la prensa local, reflejaron el rechazo de las instituciones estatales a esta técnica para llegar a una pacificación de ciudades como Chilpancingo y Acapulco.
En el evento que conmemoró el Día del Ejército en la 35 Zona Militar, Reynoso Núñez consideró que la Iglesia “difícilmente va a poder resolver un tema de seguridad que corresponde al estado”.
Cabe recordar que el 13 de agosto, los jefes de Los Ardillos y Los Tlacos sostuvieron una llamada telefónica en la que acordaron un cese a los ataques, ya que sus ofensivas estaban afectando sus negocios en la capital de Guerrero.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AUVODCODUNH4BIQTW463UB7XPY.jpg 420w)
Para que dicha conversación fuera posible, Onésimo Marquina Chapa —líder de Los Tlacos— se comunicó con el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien facilitó el acercamiento con Celso Ortega Jiménez, dirigente de Los Ardillos. El padre, según sus propias declaraciones, no tuvo ninguna participación adicional en la tregua.
En consideraciones adicionales, el funcionario estatal sostuvo que “ellos mismos [los obispos] se han dado cuenta que entablar un diálogo, una negociación con estos grupos, siempre va a ir acompañado de los intereses de esos grupos, no va a haber un apoyo o no hay interés de privilegiar a la sociedad”.
Sumado a ello, aseguró que “el gobierno no va a pactar con ningún grupo criminal, el gobierno tiene una comisión que es brindar seguridad a todos y en esa labor estamos empeñados”.
Durante 10 días, el municipio de Chilpancingo estuvo paralizado por las ofensivas presuntamente cometidas como parte de la pugna entre grupos criminales.
Luego del asesinato de siete conductores del transporte público, dos personas heridas y 10 unidades vehiculares, Los Tlacos y Los Ardillos acordaron suspender las hostilidades sin intervención alguna del gobierno.
Tres días después de que ocurriera el estallido de la violencia en la capital, Reynoso Núñez anunció la captura de 14 presuntos responsables de estos ataques, sin que se revelaran sus identidades.
