Gobierno devolvió 500k por pagos a funcionarios sin perfil en el CONALEP y el IEEA
Blakely Morales
A pesar de que San Luis Potosí se ubicó como el estado con el menor monto de observaciones en el primer informe del Gasto Federalizado de la cuenta pública 2023; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí localizó inobservancias en el manejo de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que recibió por medio del Ramo 33 el gobierno del estado.
Resultado del análisis, la ASF inició dos promociones de responsabilidades administrativas por contratos irregulares y obligó al gobierno de San Luis Potosí, a devolver más de 500 mil pesos por pagos excesivos a tres personas que no comprobaron contar con el perfil profesional y que fueron contratadas como personal administrativo en el CONALEP y el IEEA.
La Dirección General de Comunicación Social difundió en un boletín que el resultado de las aclaraciones en la aplicación del FAETA para San Luis Potosí fue de 0.0 por ciento del monto observado; pero en el reporte individual, la Auditoría Superior de la Federación, asentó que antes de solventar, el gobierno potosino tuvo una calificación de 67 por ciento, lo que colocó al estado en un nivel medio de cumplimiento.
Tras la auditoría y luego de presentar la documentación que acreditó el cumplimiento en un 97.9 por ciento del monto observado, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, encargado de la administración del Fondo, alcanzó un nivel alto.
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Pero entre las debilidades enumeradas por la ASF, se detectó que el IEEA no implementó medidas para evitar los actos de corrupción; en ese sentido, la ASF reporta que de la revisión de 12 contratos por arrendamiento de vehículos financiados con el FAETA 2023, detectó que estos fueron adjudicados de manera directa a un mismo proveedor en lugar de hacerlo mediante licitación pública, lo que de acuerdo al ente fiscalizador superior, “generó indebidamente operaciones fraccionadas en un solo ejercicio fiscal en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y la legislación federal.
Por ese motivo, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para determinar en caso de que así resulte, “la presunta responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, adjudicaron directamente a un mismo proveedor 12 contratos de arrendamiento de vehículos”.
En ese mismo sentido, la Auditoría Superior de la Federación detectó cuatro contratos para la adquisición de consumibles de cómputo y de materiales y útiles de oficina, que se realizaron mediante el esquema de licitación pública, pero en la que aseguró que el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) “otorgó condiciones ventajosas para adjudicar a un mismo proveedor los cuatro contratos”.
La ASF asegura que encontró “coincidencias entre dos de los participantes, entre las que destacan los mismos domicilios” y que se trató de representantes que guardan parentesco entre sí. Fue por esta operación por la que emitió la segunda Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
La Auditoría Superior de la Federación consideró que la entidad ha realizado acciones para fortalecer el control interno; sin embargo, esto no ha sido suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado.
Pues la recomendación de la ASF para el gobierno potosino fue para que proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas, para dar solución a la problemática relacionada con la contratación de personal, financiado con los recursos del fondo y que no cumplió con el perfil del puesto desempeñado durante el ejercicio fiscal revisado.
Razón por la cual durante la auditoría, el IEEA se vió en la necesidad de reintegrar un monto total de 554 mil 704, medio millón de pesos, para solventar una observación relativa a pagos improcedentes y en exceso, en favor de un subocoordinador del CONALEP, así como un coordinador y un especialista en proyectos del IEEA, que no cumplieron con el perfil del puesto desempeñado.
La ASF asentó que con la devolución quedó solventada la observación pero el gobierno del estado dejó pendiente de entregar la información que acreditara las acciones emprendidas para corregir la problemática relacionada con la contratación de personal.
