Un colectivo es señalado por usar esta grieta legal para lograr ventajas en los juicios de convivencia
El País.- Grupos feministas de Jalisco denuncian que presuntos agresores vicarios, hombres que no pagan manutención alimenticia o que están acusados de violación y maltrato a sus hijos, están usando una treta para evadir la ley. En concreto, están acudiendo a las oficinas del registro civil para cambiarse el género. La veta es la aprobación este mismo año de la Reforma en Violencia Vicaria, que establece que las agresiones son exclusivamente de hombres a mujeres. Existe una asociación, No más hijos rehenes, que estos grupos señalan por “promover” las solicitudes de cambio de género. Anuar Reza, miembro de la asociación afirma que “sí, es una de las estrategias. Pero los beneficios no están probados”. Añade que esta acción se hace “para ser tratados con menor discriminación” y justifica que “en el 80% de los casos de juicio de convivencia es garantía que si eres hombre ya eres culpable”.
Jalisco, a diferencia de muchos otros Estados del país, facilitó el trámite de modificación de datos de nombre y género en el acta de nacimiento tras la aprobación de la Ley de Identidad Trans, en 2020. Andrés Treviño fue el redactor de la ley como el entonces director de Diversidad Sexual en el Gobierno de Jalisco. Tras los avances y aprobación de la Reforma en Violencia Vicaria, Treviño se reunió con algunos grupos feministas porque sabía que este trámite, que en algunos municipios es gratuito, podría traer problemas. “Era un error suponer que esta agresión solo se comete de un hombre a una mujer”, dice a propósito del detalle de la reforma al que se están agarrando los presuntos defraudadores.
De todas las voces salen palabras de indignación, pero desde trincheras distintas. Renata Villareal, activista y autoproclamada como feminista radical, dice que “prefieren hacer todo, antes que cumplir con sus obligaciones”. La activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez denuncia que esto es un fraude procesal. “Hay mucho soborno. ¡Están siendo tramposos y no hay sanciones!”. Luz es una de las impulsoras de Ley Sabina, una reforma que busca garantizar que los deudores alimentarios cubran con la obligación de satisfacer las necesidades de sus hijos. En caso de no hacerlo, no podrán tramitar pasaporte, licencia de conducir ni acceder a un cargo público, por ejemplo.
Las voces del feminismo que están denunciando esta estrategia legal coinciden en que era previsible que eso pasara y culpan la Ley de Identidad Trans por permitir estas lagunas que dan pie a los fraudes. Treviño, por su parte, defiende que esto “es lo que pasa cuando se mete un tema trans a la ecuación. El sensacionalismo genera confusión, desinformación y machismo”. Señala que el congreso tendrá que cambiar la Reforma de Violencia Vicaria.
