Una vez concluido el proceso de auditorías y revisión a todas las áreas, la Comisión Estatal del Agua (CEA) reveló que la “herencia maldita” causó a la dependencia un daño presupuestal de poco más de 7 mil 300 millones de pesos, por lo ya se preparan los expedientes que serán enviados a la Contraloría General del Estado para que se proceda conforme a derecho.
Se informó que durante la pasada administración se ejercieron más de 3 mil 392 millones de pesos en proyectos fallidos como el ducto de El Realito, que además de que no funciona correctamente y constantemente se fractura y deja sin agua potable a alrededor de 200 mil habitantes de la zona Metropolitana, se requieren otros 54 millones para pendientes constructivos como la protección metódica al ducto que evitará corrosión y daños estructurales al tubo.
Asimismo, y de acuerdo a las auditorias, se detectó que en el proyecto de la Presa La Maroma hay desconocimiento sobre el destino de más de 143 millones de pesos, y en la zona de construcción no se encuentra la cortina de la Presa ni el camino, por lo que la administración que encabeza Gallardo Cardona tendrá que disponer de 230 millones de pesos para que las y los habitantes del Altiplano gocen del vital líquido en sus hogares.
Además, en el caso de la planta tratadora de aguas residuales de El Morro, en la que se han ejercido más de 548 millones de pesos y no está operando actualmente, se requieren 129 millones más de recursos para su funcionamiento, adicional a gastos de operación y tarifas por más de 926 millones, cifra a la que se debe sumar los gastos por los mismos conceptos de la planta tratadora de aguas residuales Tenorio que supera los 941 millones.
Se agrega a la lista, la rehabilitación de 18 plantas tratadoras de aguas residuales en nueve municipios con 10 millones de pesos de inversión, aunque en total son 108 plantas y ninguna está trabajando; así como pozos de perforación que están sin operar o que son insuficientes; proyectos inconclusos en drenaje sanitario, red de distribución y conducción, acueductos y otras obras en las cuatro zonas del Estado en las que se requiere una inversión de aproximadamente 959 millones de pesos.
Ante este panorama heredado por la pasada administración, el equipo jurídico y la Contraloría de la CEA prepara los expedientes para ser entregados a la Contraloría General del Estado, para que se proceda legalmente por el daño a los recursos financieros de las y los potosinos.
