En entrevista para MG noticias con Jesús Aguilar, Olivia Salazar Flores abogada egresada de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuestionada sobre el caso de Alejandro “N” ex funcionario del DIF Estatal durante la administración de Juan Manuel Carreras y sobre quien pesan acusaciones por abuso sexual en contra de menores de edad, señaló que dicho caso no debe verse como “aislado” o “extraordinario”, ya que habla de algo sintomático en la sociedad mexicana, que es el consumo de pornografía y turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
Consideró que debemos cuestionarnos el porqué se consume ese tipo de materiales que dañan a personas en edades vulnerables, ya que desde cargos públicos es fácil acceder a este tipo de conductas, en distintos estados de la República.
Añadió que el caso de “Daniel” víctima de Alejandro “N”, proviene de una familia ausente, además de que el estado, fue muy “selectivo y expedito” al hacer justicia encarcelando a los padres por la ausencia de cuidados, pero en cuanto al funcionario se ha retrasado el procedimiento por varios años y se han buscado huecos para seguirlo alargando. Además del actuar del aparato de investigación.
Insistió en que lamentablemente el caso de abuso de “Daniel” por parte de un funcionario publico es una muestra de la violencia generalizada que se vive en México, lo cual debería parecernos algo muy grave, aunado a lo que corresponde a Alejandro “N” en donde el abuso lo comete un funcionario publico cuya función era proteger a los menores.
Olivia Salazar Flores afirmó que “no solo se hizo uso de la función de poder que Alejandro “N” tenía, si no que también se mezcla el que el acusado comete actos también como particular, como lo señala la nota del portal astrolabio, en el cual obtiene beneficios para tener una cercanía en un acto privado con la víctima en viajes, vacaciones, siendo su mentor”.
Afirmó que la Ley señala que cuando se trata de una relación de cercanía, de mentoría o tener a una persona bajo tu custodia agrava la situación, que en este caso la conducta que se persigue es una violación, “quiere decir que no hubo solamente tocamientos, si no que hubo actos que involucran penetración en contra de un menor de edad”.
La ciudadanía tendriamos que estar volcados viendo cómo se integró la carpeta, como la defensoría se ha allegado de los medios probatorios, de todo lo que vaya a ser desahogado ya que no es solo lo que decida el juez, sino todo el trabajo que se haya realizado por parte de las autoridades investigadores.
Cuestionada sobre el papel del Estado potosino en materia de protección a las víctimas de pederastria, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que estos casos deben juzgarse de manera particular, lo que quiere decir que “en el pasado no se ha juzgado con perspectiva, ni de infantes, ni de adolescentes, lo que quiere decir que no se puede poner en un mismo nivel, ni se puede confrontar a una víctima menor de edad con su agresor mayor de edad, funcionario, cercano a cúpulas de poder”.
“No podemos poner a un niño o a un adolescente a que vaya y confronte en un juicio penal a su agresor, es importante entenderlo así, si tenemos un protocolo especializado es porque en el pasado no se ha actuado con la diligencia necesaria”.
