INE admite procedimiento de fiscalización contra PRD
El Partido de la Revolución Democrática ha sido notificado por el Instituto Nacional Electoral (INE) de la admisión y procesamiento de la denuncia en materia de fiscalización por “hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos” en contra de los José Luis Fernández Martínez, Juan Ignacio Segura Morquecho, José Concepción Gallardo Martínez y Luis David Martínez Castillo.
Toda vez que se cumplieron los requisitos y términos legales, el máximo órgano electoral del país se pronunció por admitir la denuncia interpuesta e iniciar las investigaciones pertinentes.
“Celebramos que el INE y su Unidad Técnica de Fiscalización hayan tomado por bien llegar a la verdad en este caso de corrupción y desfalco a un partido político en el que el beneficiario apunta directamente a un grupo y un partido político” señaló Arturo Prida Romero, delegado nacional con funciones de presidente.
El pasado 29 de septiembre la dirigencia estatal del PRD en conferencia de prensa presentó los resultados de una auditoría que reveló cientos de operaciones realizadas en múltiplos de las cuales no existe evidencia física ni documental de que se hayan prestado servicios y/o recibido bienes por aproximadamente 15 millones de pesos.
Así mismo el INE en una segunda admisión de denuncia inició un procedimiento de investigación en contra del PVEM en San Luis Potosí y la “Revista Somos Potosinos”, por el probable desvió de recursos del PRD a propaganda de ese instituto político en el que la prueba es una publicación de dicha revista.
En próximos días se emprenderán acciones legales ante autoridades locales y federales que forman parte de la ruta jurídica trazada por la dirigencia del partido. Entre las cuales figura una visita a la Unidad de Inteligencia Financiera cuyo titular es el Dr. Santiago Nieto Castillo para proporcionar la lista de las personas morales y físicas que se tienen por señaladas de realizar presumiblemente operaciones simuladas con recursos públicos.
