Latinus.-
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció en 220 mil 326 pesos el tope de gastos de campaña para los candidatos a todos los cargos de la elección judicial del 1 de julio.
Esto implicará un gasto diario aproximado de 3 mil 672 pesos en los 60 días que durará el periodo de campaña, mismo que iniciara el 30 de marzo.
El tope de gastos de 220 mil 326 pesos aplicará para cada uno de los 4 mil 224 candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados regionales y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF); magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; magistrados de circuito y jueces de distrito.
Durante la sesión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentó una propuesta para que se establecieran topes diferenciados entre aspirantes, siendo el más alto de 1.4 millones de pesos para ministros de la Suprema Corte.
Sin embargo, la propuesta ni siquiera llegó al momento de la votación, pues la mayoría de consejeros aprobó el proyecto original presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización, donde se estableció el monto de 220 mil 326 pesos.
Únicamente a través de sus pronunciamientos, los consejeros Carla Humphrey, Norma de la Cruz y Jorge Montaño respaldaron la propuesta de Taddei, que no llegó al momento de la votación.
El Consejo General, en una votación, rechazó una propuesta del consejero Uuc-kib Espadas Ancona, que proponía reducir el monto.
Durante la sesión, los consejeros advirtieron que subir el umbral de gasto beneficiaría principalmente a los candidatos que ahora ocupan el cargo. Cabe destacar que en ese caso se encuentran Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, quienes son candidatas y al mismo tiempo ocupan el cargo de ministras de la SCJN.
“Establecer un tipo muy alto favorece inequitativamente a quienes ya tienen una fortuna que les permita gastar millones de pesos para un proyecto incierto; o peor aún, generaría un incentivo perverso para conseguir recursos ilícitos”, dijo el consejero Jaime Rivera.
El consejero Espadas Ancona recordó que la reforma judicial estableció que las candidaturas a cargos de jueces, ministros y magistrados no recibirán financiamiento público ni privado, por lo que sus campañas deberán ser sufragadas con ingresos propios.
Por ello, planteó que fijar un tope de más de un millón de pesos implicaría que sólo aquellos candidatos con un patrimonio de al menos 20 millones de pesos pudieran hacer campaña.
“Es decir, si nosotros establecemos un límite de campaña ilegal de dos millones de pesos, solamente el 2.3 al millar de los competidores, es decir, algo así como nueve de los candidatos que competirán en esta elección tendrían, efectivamente, acceso al conjunto de la población; los otros, cuatro mil y tantos, no lo tendrían”, indicó.
El consejero Jorge Montaño rechazó el tope de gastos aprobado, pues consideró que se niega el derecho de las personas candidatas al restringir sus campañas electorales, para que no puedan hacer una promoción efectiva de sus propuestas ni siquiera en un distrito judicial electoral a una circunscripción o incluso a todo el territorio nacional.
Pero la consejera Dania Ravel expuso que si se toma en cuenta que estas campañas se realizarán preponderantemente en redes sociales, el ámbito territorial deja de ser un factor relevante de gasto, porque se maximiza la exposición de las candidaturas a través de ellas, por lo que el tope de 220 mil 326 pesos es justificado.
“No niego que es un tope limitado; no obstante, más allá de que es un tope expresamente establecido en la Legislación, la manera de hacer campañas que concibieron las personas legisladoras para esta elección me parece que lo justifican”, indicó.
