Estudiantes de Arte Contemporáneo y de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, apostados a las afueras del Congreso del Estado, solicitaron aumento al presupuesto para la Educación Superior en el Estado.
Encabezados por Aaron Hernández Obregón y Oscar David Reyes Medrano, indicaron que actualmente, el presupuesto 2023 para la educación superior en San Luis Potosí es de 3,153,351,982 pesos, lo que representa un 5.2 por ciento del presupuesto total del Estado, recurso qué consideraron insuficiente para cubrir las necesidades de las universidades públicas, que ofrecen una educación a más de 79 mil estudiantes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), en el año de 2022, solo el 35 por ciento de los jóvenes potosinos de entre 18 y 23 años de edad, tenía acceso a la educación superior. Esto significa que más de la mitad de los jóvenes potosinos están excluidos de la educación superior pública, que es la principal opción para los estudiantes de bajos recursos. Su organización Praxis Combativa, ha establecido una serie de amparos para alcanzar la gratuidad educativa, tal y como la mandara la Constitución.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la educación superior es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la educación”.
En el marco del derecho internacional público, la educación superior es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, que establece que “la educación superior debe ser accesible a todos, independientemente de su condición social o económica”.
