La reforma con la que se da más facultades a Omar García Harfuch, ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados y fue enviada a los congresos locales para su discusión y votación.
Expansión.- La reforma constitucional avalada por ambas Cámara del Congreso de la Unión para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), más que beneficiar a la institución es para “fortalecer” el liderazgo del secretario de Estado, consideran expertos en seguridad.
La reforma al artículo 21 de la Constitución conocida como “Ley Harfuch” —y que todavía debe ser aprobada por, al menos, 17 Congresos locales— dotó a la dependencia de facultades de investigación, fiscalización de recursos y de coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública para liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno.
Para varios especialistas, el objetivo forma una “súper secretaría” que sea cabeza del sector y desde donde se pueda dirigir toda la estrategia de seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada en el país.
Para David Saucedo, consultor y experto en seguridad, la reforma es viable dado que México necesita “un zar” en seguridad que coordine los trabajos en esta materia. En el país, explica, hay un gabinete que es como “un grupo colegiado de personajes de alto nivel” integrado por los titulares de la Secretaria de la Defensa Nacional, de Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros que trabajan más como “una mesa redonda donde hay demasiadas cabezas”, lo que no es tan óptimo.
Saucedo recuerda que con la reforma “al menos se le da el mismo rango” a la SSyPC por lo que se le fortalece de manera importante, al recordar que los anteriores titulares de la dependencia como Rosa Icela Rodríguez y Alfonso Durazo, solo desempeñaron un papel de voceros, al no tener bajo su mando la toma de decisiones ni el diseño de combate de la estrategia de combate a la seguridad.
“Me parece que sí se requiere un ‘zar’ en materia de seguridad, que pueda coordinar los esfuerzos de muchas dependencia que operan más o menos en el mismo sentido, pero que tienen un mando propio y lo que se requiere un mando unificado”, dice el experto aunque señala que el reto será que las dependencias aceptan el papel de ser satélites de la Secretaría de Seguridad.
“Es una modificación direccionada, no es algo para fortalecer a la Secretaría como tal, sino para fortalecer el liderazgo de Omar García Harfuch; es decir, es una modificación legal, constitucional con dedicatoria” – David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad.
En tanto, María Teresa Martínez, experta en seguridad, considera que con esta reforma la dependencia se convierte en “una súper Secretaría”, al recordar que en la administración pasada fue dejada “en cascaron” debido a que sus funciones pasaron a Gobernación y la Defensa Nacional.
“No sería la primera vez que una Secretaría de Seguridad Pública tiene componentes importantes, cierta fuerza en términos de la política de seguridad pública. Creo que se vuelve una súper Secretaría ‘cara a cara’ a la Secretaría pasada que fue prácticamente dejada en cascaron, porque la mayor parte de los deberes y de las prerrogativas de esa secretaría se fueron pasando a otras agencias”, indica.
La también directora ejecutiva de Noria Research MXCA, organización que analiza las crisis de seguridad en distintas regiones del mundo, menciona que tras los cambios al artículo 21 de la Constitución, vendrán las reformas secundarias, donde se darán los detalles sobre cómo se operaran la dependencia.
La experta y profesora del Tec de Monterrey recuerda que no es la primera vez que una la Secretaría de Seguridad tiene “componente importantes, pues recordó que también sucedió durante el periodo de Genaro García Luna, como titular de esta dependencia.
“La secretaria a cargo de García Luna era una dependencia que tenía varias capacidades: no pertenecía a Gobernación —como con Enrique Peña Nieto— , tenía capacidad de formar un cuerpo civil policial y lo que no tenía era capacidad de investigación. Se buscó en diferentes momentos para hacer ciertos esfuerzos de inteligencia, pero sí era en cambio una Secretaría que tenía proyectos de inteligencia y capacidad para generar acuerdos con pares internacionales”, resalta.
Por su parte, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, indica que lo importante es saber cómo se implementarán las nuevas funciones que tendrá la Secretaría de Seguridad, ya que la reforma buscan darle a esta dependencia capacidades de investigación.
“La Secretaría por sí misma no tiene una policía, no tiene un cuerpo ejecutor, sino que tendría que descansar en la Guardia Nacional que se encuentra adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces cualquier operativo —aun poniendo a la Secretaría como cabeza de sector— implica que el secretario de Seguridad le dé instrucciones al secretario de la Defensa y que a su vez instruya al titular de la Guardia Nacional parece poco funcional”, menciona.
¿En qué consiste la “Ley Harfuch”?
La reforma modifica el artículo constitucional 21 para establecer varios cambios. Uno de ellos es que faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a abrir carpetas e investigación de delitos, lo cual hasta hoy solo lo puede hacer la Fiscalía General de la República (FGR).
Otra función que tendrá el secretario Omar García Harfuch es que se encargará de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y liderará las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno, a quienes les podrá solicitar información para identificar y esclarecer los presuntos hechos delictivos.
Esto permitirá, asegura la modificación constitucional, que la investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica, análisis de datos, lo que “no sólo fortalece el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delito, sino que al utilizar de manera inteligente los recursos del Estado para combatir el delito, se incorporan los productos de inteligencia a la función investigadora”.
Además, la Secretaría no solo formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, podrá auxiliar al presidente o presidenta del país en materia de seguridad nacional.
También coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como las acciones de los tres órdenes de gobierno por medio de las instituciones responsables en seguridad.
Esta reforma ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que fue enviada a los congresos locales para su discusión y votación. Es necesario el aval de al menos 17 estados para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para después entrar en vigor.
Disminuye el presupuesto
Aunque la inseguridad en el país incrementa y con la reforma constitucional le dan mayores funciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), el presupuesto proyectado para la dependencia disminuyó en 36.2%.
Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, el gobierno federal propuso a la Cámara de Diputados entregarle a la Secretaría 70,422 millones de pesos para el siguiente año, mientras que este año recibió 110,337 mdp.
Desde el resurgimiento de la Secretaría de Seguridad en 2018 tras la aprobación de los legisladores al modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la dependencia fue incrementando sus recursos de un 5.5 hasta un 78%; sin embargo, para este 2025 se prevé lo contrario, aunque aún falta que los diputados los avalen.
Preocupa la falta de controles
Para Francisco Rivas, la parte negativa de esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum es que no contempla contrapesos que puedan mitigar “los atropellos” en términos de protección datos personales.
Con la reforma, explica, la Policía podrá solicitar cualquier tipo de información sobre cualquier civil argumentando temas de necesidad de investigación, pero hasta el momento ese trabajo era competencia del juez, además los ministerios públicos, tenían que solicitar ese tipo de autorizaciones.
Eliminarlo en este momento parecería poco peligros dado el comportamiento que ha tenido el gobierno de Morena en los últimos seis años, donde han ventilado información cierta o incluso falsa sobre ciudadanos públicamente, – Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
La creación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública también es uno de los aspectos que preocupan a otros especialistas, al señalar que se otorga un control “sin precedentes” sobre el flujo de información de inteligencia.
“Si bien esto podría mejorar la prevención de delitos y amenazas, además de conllevar el riesgo de centralizar en exceso la información sensible, también podría dar paso a abusos de poder si no se implementan contrapesos y controles adecuados”, señalan Adriana Graves y Estafanía Medina, cofundadoras de Tojil.
El acceso centralizado a información sensible requiere una vigilancia estricta para evitar que se utilice con fines distintos a la seguridad pública especialmente, explican en una colaboración publicada por Expansión Política, en un contexto de debilidad institucional y ante la obligación estatal de garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados.
Si bien, las investigadoras resaltan los esfuerzos en dotar a las policías de mayores facultades de investigación, señalan que hacerlo sin fortalecer a las fiscalías es una estrategia incompleta.
“Las policías, por más recursos y atribuciones que tengan, dependen de una coordinación efectiva con el sistema de procuración de justicia para lograr resultados duraderos. Si las fiscalías no cuentan con el personal capacitado, los recursos y la independencia necesarios para conducir una investigación penal eficaz, cualquier avance en el trabajo policial se diluirá en procesos penales y judiciales ineficaces o fracasados”, advierten.
