El instituto inicia revisión de los pagos para corregir excesos que rebasan el monto máximo establecido por la ley de 32 mil 571 pesos mensuales, advierte Martí Batres
El Universal.- Luego de que en junio de este año se detectó un mecanismo para elevar ilegalmente las pensiones, el director general del ISSSTE, Martí Batres, publicó este 8 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se emite el procedimiento para verificar que dichas pensiones no rebasen el monto máximo establecido por ley, de 32 mil 571 pesos mensuales, equivalentes a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Batres explicó que el objetivo del acuerdo es corregir excesos e injusticias, por lo que se podrá ordenar en cualquier momento la verificación y autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder una pensión.
El acuerdo establece que en caso de que se detecte que los documentos presentados para la cuantificación y otorgamiento de una pensión son presuntamente falsos, o que existan presuntas responsabilidades de servidores públicos por la comisión de faltas administrativas, el instituto denunciará los hechos al Órgano Interno de Control en el ISSSTE, así como al Ministerio Público federal, además de revocar dichas pensiones.
El pasado 19 de junio, el instituto informó que identificó “un modelo criminal, en complicidad de trabajadores en activo, exservidores públicos del ISSSTE, abogados particulares y la Junta Laboral Federal que, careciendo de competencia, incrementaba ilegalmente las pensiones a través de laudos, lo que implica responsabilidades penales”.
Ante ello, se implementaron líneas de acción con las que se recuperaron 887 millones mediante actos de fiscalización y procedimientos administrativos.
Además, se realizaron 207 investigaciones que derivaron en 731 sanciones a servidores públicos y 114 sanciones a licitantes, contratistas y proveedores, además de 714 acciones penales contra empresas, 57 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), 3 mil 233 personas denunciadas, 17 carpetas de investigación y cinco personas vinculadas a proceso penal.
El pasado 19 de junio, el instituto informó que identificó “un modelo criminal, en complicidad de trabajadores en activo, exservidores públicos del ISSSTE, abogados particulares y la Junta Laboral Federal que, careciendo de competencia, incrementaba ilegalmente las pensiones a través de laudos, lo que implica responsabilidades penales”.
Ante ello, se implementaron líneas de acción con las que se recuperaron 887 millones mediante actos de fiscalización y procedimientos administrativos.
Además, se realizaron 207 investigaciones que derivaron en 731 sanciones a servidores públicos y 114 sanciones a licitantes, contratistas y proveedores, además de 714 acciones penales contra empresas, 57 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), 3 mil 233 personas denunciadas, 17 carpetas de investigación y cinco personas vinculadas a proceso penal.
El ISSSTE informó en ese entonces que se frenó el pago ilegal de pensiones equivalentes a 7 mil 153 millones de pesos, mientras que se contabilizó un daño al erario por más de 15 mil millones de pesos.
El acuerdo publicado en el DOF establece que la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE analizará varios factores para determinar la validez de las pensiones, entre ellos, la dependencia o entidad donde trabajó el pensionado, años de servicio cotizados, sueldo base percibido durante su periodo laboral, elementos de cuantificación inicial de la pensión e incrementos anuales y factor de actualización aplicados.
Si el análisis revela inconsistencias o errores en el cálculo del monto, se procederá a la modificación o revocación de la pensión, según corresponda, detalló.
La senadora del PRI Claudia Anaya dijo que apoya la revisión de las condiciones en que se han otorgado pensiones elevadas, pero advirtió que las sanciones deben ser para los servidores públicos y no para los pensionados.
“Muchas de esas pensiones corresponden a un acto consumado por la autoridad del sexenio anterior. En ese sentido, claro que estamos a favor de que se revise todo lo que haya sido dentro del marco del derecho y me imagino que las contra partes también ejercerán su derecho de defensa.
“No sé cuántos casos se encuentran en esta naturaleza, pero al ser un acto consumado autorizado por las autoridades que estuvieron antes que Martí, ellos son también los probables responsables, porque fueron los que firmaron”, indicó.
Dijo que es necesario que haya mecanismos de revisión y control para que los procedimientos administrativos se hagan de la manera adecuada.
“Nada más hay que revisar quiénes cometen los errores y sancionarlos, porque pareciera que la autoridad quiere irse contra el que recibe la pensión. Error. El que recibe la pensión no es autoridad”, enfatizó la legisladora priista.
Al respecto, la senadora Alejandra Barrales pidió a su vez a las autoridades que cuiden que no haya abusos contra los pensionados.
“En Movimiento Ciudadano —expresó— vemos positivo que se busque combatir los presuntos abusos cometidos en el tema de las pensiones otorgadas por el ISSSTE, pero es importante que se cuide que en el proceso de revisión no se vayan a cometer abusos contra los pensionados, debido a que, hasta el momento, no estamos hablando de hechos confirmados.
“Nos preocupa que se trata de una acción poco planeada y muy mal comunicada, por decir lo menos. Todo lo cual genera, como ya está ocurriendo, incertidumbre entre los miles de pensionados del ISSSTE sobre los ingresos de los que depende su vida cotidiana. Hacemos un llamado al ISSSTE a dar claridad y certidumbre al millón 234 mil pensionados, cuyos ingresos para su vida diaria están relacionados con la pensión a que tienen derecho”, indicó.
