El abogado de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Víctor Olea, aseguró que el delito que se le atribuye al exgobernador de Nuevo León no amerita prisión oficiosa por lo que después de su audiencia deberá ser liberado.
“El delito que se le atribuye a Jaime Rodríguez no amerita prisión preventiva oficiosa por lo que después de la audiencia deberá ser liberado. A las 4 de la tarde será la audiencia”, precisó el litigante en entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio informativo en Grupo Fórmula.
Víctor Oela detalló que hasta el momento desconocen otras acusaciones, “estamos en la revisión la carpeta de investigación y solamente se le están imputando delitos electorales, en concreto en relación con el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales”.
“El Articulo 15 de la Ley General de Delitos Electorales establece que se impondrán determinados años de prisión quienes reciban aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato o candidato cuando exista una prohibición legal para ello, o los bienes tengan un origen ilícito, no se trata de otro”, indicó.
El abogado aseguró que se están vulnerando los principios fundamentales del acusado, en este caso del exgobernador de Nuevo León, porque debieron llamarlo a una audiencia y no ser detenido y someterlo al escarnio público.
“Nos llama mucho la atención como defensa las fotos que han circulado de mi defendido y que vulneran la presunción de inocencia y las declaraciones del gobernador (Samuel García) nos dan una mala espina de que se están vulneran estos principios fundamentales del ex gobernador”.
“Vemos muy extraño que este delito que en concreto está previsto en la Ley General de Delitos Electorales y tratándose en una elección de carácter federal, esto es materia de la jurisdicción de ámbito federal y no local, es un caso que no debiera ser investigado por la fiscalía estatal”, añadió Víctor Olea.
Broncofirmas: por qué fue detenido “El Bronco”
La detención del exgobernador de Nuevo León se debió a un presunto desvío de recursos para la recolección de firmas, caso que ha sido bautizado como “Broncofirmas”.
De acuerdo con el actual gobernador Samuel García Sepúlveda, un total de 571 funcionarios estatales de todos los niveles solicitaban en horas laborales las firmas ciudadanas que exigía el Instituto Nacional Electoral (INE) para que “El Bronco” fuera candidato a la Presidencia de la República en 2018.
La denuncia, del entonces senador, precisó que los funcionarios estatales de la entidad utilizaron recursos del Estado para solicitar las firmas que ayudarían al “Bronco” a obtener su candidatura independiente.
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