Al rendir su primer informe de actividades al frente del Poder Judicial del Estado, la Magistrada Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, destacó entre las principales acciones, las medidas sanitarias y jurídicas realizadas ante la pandemia, la modernización tecnológica y la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
Dio a conocer que por acuerdo del Consejo de la Judicatura y una vez realizadas las adecuaciones tecnológicas necesarias; a partir de este día, ya es posible la tramitación de divorcios voluntarios en línea, ante el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección.
Al Pleno Solemne asistieron el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputada Vianey Montes Colunga; la Presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal, Lorena Valle Rodríguez, entre otros invitados, toda vez que, atendiendo las recomendaciones sanitarias, en el auditorio se contó con pocos invitados presenciales y se transmitió virtualmente por plataforma digital institucional.
En su mensaje, la Magistrada García López dijo que “hoy queremos mostrar el lado humano de la justicia que nos mantiene en pie de lucha” agradeciendo a todos los integrantes del Poder Judicial su trabajo en circunstancias nunca antes vividas, lo que demuestra que “aman su trabajo, aman la vida y aman la justicia”.
“El 2020 quedará escrito en las páginas de la historia como el año que paralizó al mundo entero, afectando la salud física y emocional de millones de personas provocando una gran emergencia sanitaria ocasionada por el Virus SARS COV-2 COVID -19, pero también será recordado, como el generador de grandes desafíos, que inevitablemente obligaron a buscar la mejor manera de hacer frente a las adversidades” expresó la Magistrada Presidenta al inicio de su mensaje.
Destacó que por vez primera, los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura sesionaron de manera conjunta y adoptaron mediante acuerdos, medidas de prevención, sanitarias y lineamientos de actuación administrativos y jurisdiccionales a efecto de ponderar un equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho de acceso a la justicia.
Entre las acciones destacadas por la Magistrada Presidenta Olga Regina García López se encuentran las siguientes:
En el Sistema Penal Acusatorio, se celebraron las audiencias a puerta cerrada a fin de mantener el sano distanciamiento o mediante videoconferencias, siendo los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral de este Poder Judicial de los primeros en el país en sesionar bajo esta modalidad.
Durante el periodo de confinamiento, se realizaron acciones para atender con prontitud las solicitudes que se plantearon, especialmente por mujeres que vieron afectados sus derechos humanos, ante lo cual, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), avaló al Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, como uno de los que cumplió con todas y cada una de las cuestiones relacionadas al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Con el propósito de consolidar un Poder Judicial que cumpla el principio de paridad, por primera vez, se impulsaron acciones afirmativas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y trato igual, como lo fueron las convocatorias emitidas para las categorías de carrera judicial del sistema de justicia laboral.
En materia de perspectiva de género, el Poder Judicial adecuó su plataforma estratégica interinstitucional que permite la captura de información, relacionada a la generación de indicadores sobre las resoluciones dictadas con perspectiva de género y asuntos sobre violencia contra las mujeres.
Las dificultades enfrentadas en este año, no fueron motivo para detener la gestión e implementación del nuevo modelo de justicia laboral, para lo cual se trabajó en diversos rubros, lo que hizo posible colocar a San Luis Potosí, como una de las siete entidades que ya lo operan. Por primera vez en el Poder Judicial del Estado, se incorporó en esta materia, la firma electrónica del Consejo de la Judicatura Federal FIREL, que otorga confidencialidad y certeza jurídica a los documentos electrónicos, con la validez del requisito de la firma autógrafa.
Respecto a la vigilancia de la actuación de las y los servidores públicos que integran el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, instauró 55 procedimientos administrativos en los que se sancionó a 20 servidores públicos con diferentes medidas, entre ellas, 2 destituciones.
Los recursos asignados se distribuyeron con responsabilidad, transparencia y estricta austeridad, atendiendo en primer término los requerimientos necesarios para enfrentar la pandemia; así como en actualización tecnológica y equipamiento a las áreas que más lo requerían.
Respecto de la función jurisdiccional, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia recibió 212 asuntos a los que se dio el trámite correspondiente, turnándolos de manera aleatoria para su resolución; se celebraron 29 sesiones ordinarias y 14 extraordinarias, en 13 ocasiones las sesiones se llevaron a cabo mediante videoconferencia; en las cuales se dio cuenta de 248 asuntos, emitiendo el mismo número de acuerdos y se pronunciaron 91 proyectos de resolución correspondientes a los asuntos jurisdiccionales sometidos a su conocimiento.
En las salas de segunda instancia ingresaron 2,505 tocas y egresaron 3,058, dictándose 1,738 sentencias.
En los distintos juzgados se recibieron más de 26 mil asuntos y se dictaron más de 9 mil resoluciones; 288 mil acuerdos en materia civil, mercantil, familiar y penal del sistema tradicional.
Ante el Juez Especializado del Primer Distrito Judicial, se dictaron 180 órdenes de protección de emergencia y preventivas en favor de las mujeres, con independencia de las emitidas por los juzgados familiares.
En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ingresaron a los centros de justicia penal, salas sede y base en el estado, un total de 976 causas penales y 1,500 expedientillos; se llevaron a cabo un total de 3,151 audiencias presenciales y 1,156 por videoconferencia.
En relación al desarrollo tecnológico, se adecuó el buzón electrónico para agilizar la recepción de demandas y promociones, de tal manera que en los primeros tres meses del año se recibieron 24 solicitudes en las materias civil, familiar y mercantil, mientras que en el periodo de abril a octubre, se recepcionaron 7 mil 341, lo que representó un incremento del 305 por ciento; se crearon 2,380 nuevas cuentas para usuarios, y se redujo en más de 21,200 los trámites que anteriormente sólo se podían hacer de manera presencial y se implementó el Sistema Informático de Gestión Laboral (SIGEL), desarrollado cien por ciento por el Departamento de Informática del Poder Judicial del Estado, para la gestión de expedientes electrónicos.
La pandemia y la consecuente declaratoria de emergencia sanitaria, modificó profundamente las labores del Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, al adecuar su actividad, con carácter presencial a nuevos modelos de educación a distancia, lo cual incrementó la cantidad de funcionarios y servidores judiciales, abogados y usuarios en general, que aprovecharon la capacitación impartida en 19 cursos de actualización y 23 pláticas y conferencias en temas relacionados principalmente con los derechos humanos, género, actividad judicial y pandemia.
Se aprobó el inicio de la Especialidad en Género y Derechos Humanos, siendo este Poder Judicial, el cuarto en el país que la impartirá a su funcionariado y se inició la construcción del campus virtual que permitirá avanzar en la educación a distancia, bajo el modelo e-learning y favorecerá la profesionalización y actualización de funcionarios mediante una plataforma digital propia.
En el tema de mejoramiento a la infraestructura, durante este año, se inauguró el Centro Integral de Justicia Penal de la Tercera Región en Rioverde, el cual alberga dos salas de audiencias y diversas áreas, con lo que se garantiza una justicia pronta y expedita en instalaciones dignas y seguras; también, se inauguró el Centro de Convivencia Familiar en la capital, con el objetivo de garantizar el derecho de la niñez y adolescencia a una sana convivencia, en un entorno neutro y funcional.
