A los militares se les imputan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, luego de la agresión en la que fueron asesinados cinco jóvenes en Tamaulipas.
Expansión.- Un juez dictó este lunes prisión preventiva de oficio contra cuatro militares involucrados en el homicidio de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Juan, Bernardo, Jorge y Agustín son los elementos castrenses que permanecerán detenidos en el Campo Militar Número Uno, al cual llegaron desde marzo de este año, luego de que autoridades federales reconocieran que los jóvenes de Tamaulipas no iban armados cuando los asesinaron.
A los cuatro se les imputan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La audiencia en la que se les dictó prisión preventiva fue por videoconferencia.
Los jóvenes asesinado en Nuevo Laredo no estaban armados y no se enfrentaron a los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que su muerte pudo tratarse de una ejecución, reveló en marzo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas.
“No se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”, reconoció Encinas en la Cámara de Diputados.
Encinas aclaró que aún falta conocer la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber lo sucedido.
El funcionario mexicano también consideró que se debe de evaluar la responsabilidad en la cadena de mando y que quien cometa un delito cumpla con sus consecuencias.
El pasado 27 de febrero, los cinco jóvenes fueron asesinados en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, luego de que presuntamente militares accionaran sus armas en contra de una camioneta que perseguían por escuchar un “estruendo”, según informó la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena).
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la CNDH determinar el papel del Ejército en la matanza de estos jóvenes para que, en el caso de que sean responsables, “sean castigados”.
Entre diversas organizaciones civiles y organismos que han condenado los hechos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también ha solicitado realizar una investigación “diligente, pronta e imparcial” sobre estos asesinatos.
