Proyectos como el AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas se caracterizaron no solo por ser los favoritos de la administración que terminó, sino por su falta de transparencia.
Expansión.- A pesar de la promesa de ser “el gobierno más transparente de la historia”, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por la opacidad en sus grandes proyectos de infraestructura, lo que dificultó el acceso a información crucial sobre contratos, gastos y avances de obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Entre el discurso y la realidad
Desde el inicio de su mandato, López Obrador prometió que la transparencia sería “la regla de oro” de su gobierno. Sin embargo, tras el final de su administración la evidencia muestra un panorama muy diferente.
De acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 71% de las 12,570 bases de datos disponibles en la plataforma datos.gob.mx se encontraban abandonadas, sin actualizaciones en los últimos 24 meses hasta 2023.
“La política del gobierno fue reservar y negar cada vez más información, a la vez que ataca y desactiva a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia”, señala Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de MCCI.
Núñez explica que el número total de reportes presentados por las instituciones en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) disminuyó un 36% entre 2018 y 2022. “Esto significa que cada vez hubo menos datos disponibles y un menor cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias gubernamentales”, afirma.
Opacidad en los megaproyectos
Leslie Badillo, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), identifica diferentes niveles de opacidad en las obras emblemáticas del sexenio.
Tenemos obras con opacidad total, como el AIFA, donde prácticamente no hay información disponible. Luego están proyectos como la refinería Dos Bocas, donde la información es parcial y poco clara. Y finalmente, tenemos casos como el Tren Maya, donde la información se va liberando por partes, pero de manera inconsistente.
El caso del AIFA fue particularmente problemático. “En 2018-2019, se emitió un decreto que clasificó los aeropuertos como parte de la seguridad nacional. A partir de ese momento, el AIFA dejó de publicar toda la información relativa a su presupuesto”, señala Badillo. “Esto ha hecho imposible conocer el presupuesto real asignado a esta obra pública”.
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó por cinco años toda la información relacionada con el proyecto de la refinería Dos Bocas en Tabasco, incluyendo licencias y constancias de uso de suelo. La empresa justificó esta decisión aludiendo a posibles desventajas competitivas y riesgos a la seguridad nacional.
Decretos presidenciales y blindaje de información
Este patrón de restricción de datos se vio reforzado por decretos presidenciales que declararon los proyectos prioritarios como asuntos de seguridad nacional, blindándolos contra solicitudes de transparencia. El último, emitido en mayo de 2023 abarcó el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y varios aeropuertos del sureste mexicano como el Felipe Carrillo Puerto en Tulum.
Esto camino, indica Leonardo Nuñez de MCCI, no sólo contradice los principios democráticos y el derecho a la información de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la eficiencia y la integridad en el uso de los recursos públicos.
“Primero se declara un proyecto como prioritario, luego se clasifica como asunto de seguridad nacional, y finalmente se niega cualquier solicitud de información argumentando esta clasificación. Es un círculo vicioso que impide el escrutinio público”.
Paralelamente, el gobierno debilitó a la institución encargadas de garantizar el acceso a la información. Primero, con un presupuesto debilitado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que se redujo en un 24% desde 2018. Mientras que al inicio del sexenio tenía un presupuesto de 1,372 millones de pesos (a precios de 2023), cinco años después cayó a 1,047 millones. Después, con la iniciativa para su desaparición.
Aumento de adjudicaciones directas
Durante el gobierno de López Obrador aumentaron las adjudicaciones directas de contratos, un procedimiento que incrementa las posibilidades de corrupción en las compras públicas. En 2023 se registró el porcentaje de adjudicaciones directas más alto de los últimos 17 años, dado que el 82% de los contratos se dieron bajo esta modalidad.
De los 92,660 contratos que reportó CompraNet en ese año, 75,896 fueron por adjudicación directa; un dato que contrastó con cifras del 2007 o 2008 en los que solo el 31% de los contratos se otorgaron de esta forma.
Leonardo Núñez concluye que esta tendencia hacia la opacidad “no solo afecta la rendición de cuentas, sino que también puede tener consecuencias negativas a largo plazo para el desarrollo del país”.
El proceso de priorización y la falta de transparencia
Badillo, investigadora del CIEP, explica el proceso de priorización de proyectos al inicio del sexenio. “El Ejecutivo identifica los rubros importantes y los proyectos necesarios para desarrollar esas áreas. En este sexenio, se dio prioridad principalmente a la infraestructura energética (Dos Bocas) y ferroviaria (Tren Maya)”, apunta.
Una vez priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos se envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su registro en la Unidad de Inversiones. Esta unidad solicita diversos estudios a las entidades encargadas, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental, presupuesto requerido y potencial para reducir la pobreza.
“Posteriormente, la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), conformada por representantes de distintas secretarías, discute y decide la prioridad final de los proyectos”, añade Badillo. “Una vez priorizados, se les asigna presupuesto y una clave de cartera de inversión”.
Sin embargo, Badillo señala que aquí es donde se identificaron los principales problemas de transparencia.
“Aunque los proyectos prioritarios como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas cumplieron con los requisitos de la Secretaría de Hacienda, no todos permitían el acceso a los documentos correspondientes”.
En el caso del Tren Maya, las solicitudes de información sobre expropiaciones de tierras, demandas de amparo y trámites ambientales fueron sistemáticamente rechazadas por diversas dependencias federales. Más de 23 solicitudes de información relacionadas con este proyecto fueron respondidas a MCCI argumentando la reserva de la información.
“Como ciudadanos tenemos que estar muy al pendiente de cómo se están gastando los recursos, porque son recursos que se obtienen a partir de los impuestos. Pero cómo vamos a lograr esa vigilancia si no hay la apertura de los datos”, resalta Badillo del CIEP.
