La otra pandemia. Administración saliente decepciona en su “combate” a la violencia feminicida
Blakely Morales
Hacia el primer semestre del 2021, la recta final de las administraciones de los gobiernos municipales de la capital y el Ejecutivo Estatal, el delito de feminicidio ha marcado algunos sus niveles más altos en la historia reciente de San Luis Potosí, según las cifras de la organización Semáforo Delictivo.
Las explicaciones que se encuentran desde el Gobierno, siempre son los incrementos en las denuncias, afirmación que tiene mucho de cierto, pero también evidencia el problema de fondo, la invisibilidad en la que continúan los delitos por motivos de género, y contra las mujeres, y la impunidad.
Recién la semana pasada, escuchamos al Fiscal General del estado Federico Garza Herrera, declarar que la nueva investigación del caso Karla Pontigo, se encontraba en un 95 por ciento de su resolución, aunque no dio detalles sobre posibles órdenes de aprehensión o personas imputadas por el caso.
Para la activista, Arely Torres Miranda, es burda la manera en la que, hacia el final del sexenio carrerista, El fiscal se refiere al feminicidio de Karla, y deja en evidencia la indiferencia de esta administración, en erradicar la violencia machista; y critica que, más allá de la resolución o no del caso Pontigo, el Estado sigue sin ofrecer garantías para la no repetición.
Un informe elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a principios de este año, reveló que entre el 2016 y 2020, se emitieron 22 sentencias por el delito de feminicidio en San Luis Potosí.
Este número representa apenas el 20 por ciento de los casos de feminicidio, si nos atenemos a los datos oficiales, que registran entre esos años, 108 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
Sin embargo, las cifras no oficiales, son más desoladoras, pues según otro estudio realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, devela que en la entidad durante los recientes 8 años, se han omitido clasificar al menos 100 casos de muertes violentas de mujeres por año, como feminicidios, y han engrosado las cifras de homicidio doloso.
Es por ello, que de hecho, en la medición de la asociación Semáforo Delictivo, hablando de pandemias, este año se registran dos picos de violencia contra las mujeres, entre marzo y mayo, con 96 incidentes, un número solo alcanzado hacia finales de los años 2018 y el 2019.
Fuera de los discursos, no hay, no existen reportes puntuales de los resultados por municipio, de las estrategias ordenadas a partir de la implementación de la Alerta de Violencia de Género, y para lo cual se destinan muchos recursos económicos; tan solo el año pasado, SLP recibió el tercer presupuesto más elevado de parte de la federación, destinado a las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que fueron 12 millones 958 mil 400 pesos.
Arely Torres Miranda, quien es activista e integrante de la mesa ciudadana de vigilancia de esta AVG, afirma que dentro del proceso de entrega recepción, habrán de revelarse, como parte de la documentación, algunos informes sobre el tema. Recordemos que allá por el 2016 y 2017, el gobernador Juan Manuel Carreras, argumentaba motivos de imagen que podían alejar al turismo del estado, cuando estuvo en negativa a la declaratoria de Alerta para seis municipios.
Torres Miranda afirma, y es más como un mensaje para el gobierno del estado y su titular saliente, Juan Manuel Carreras, que el juicio por las omisiones en la atención de este flagelo social, será el de la historia y la memoria.
