La investigación del caso ha avanzado en las últimas semanas con nuevas revelaciones y detenidos, pero los resultados judiciales no están siendo los que esperaban las familias.
El País.- La marcha por los 43 de Ayotzinapa, los estudiantes de la Escuela Normal de Guerrero desaparecidos en 2014, piden justicia ante un Zócalo blindado. La manifestación de protesta ha circulado un año más, pero no es un año igual. Hace apenas unas semanas se ha conocido la nueva versión oficial, presentada por el Gobierno de López Obrador después de varios años revisando las antiguas investigaciones que concluyeron con una “verdad histórica” que hoy se revela falsa. “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, han reclamado las pancartas todos estos años. Sin embargo, el nuevo informe los considera muertos y desaparecidos bajo un contubernio atroz de policías, políticos, criminales y militares. Jesús Murillo Karam, el fiscal general al que se atribuye aquella verdad a medias, cuando no mentiras, que nunca dejó satisfechas a las familias, está hoy en prisión. El caso está más activo que nunca.
Bajo el Ángel de la independencia se reúnen cientos de personas. Cuando comienza la marcha, los gritos de estudiantes normalistas y universitarios de distintas partes de México se unen a los de los padres de los desaparecidos hace, este lunes, ocho años. Ese “vivos se fueron, vivos los queremos” que se ha repetido en los últimos años vuelve a escucharse desde los primeros minutos. Más tarde, comienzan a contar “uno, dos, tres…” así hasta el 43. Una vez terminan el recuento, los manifestantes gritan “¡justicia!”, una palabra que también han grabado en ataúdes de cartón, un objeto que representa el mensaje que buscan.
Los familiares han considerado que los mecanismos puestos en marcha en esta Administración han avanzado algunos pasos en la resolución de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, como el encarcelamiento de Murillo Karam, acusado hoy de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Pero todavía queda camino por recorrer, como revelan las últimas informaciones. De las 83 órdenes de aprehensión dictadas el pasado 19 de agosto, 20 eran contra mandos militares y personal de tropa de los batallones de la ciudad de Iguala, en Guerrero, donde sucedió la persecución de los jóvenes. Hoy se sabe que la Fiscalía ha pedido al juez la cancelación de 21 de estas órdenes, entre ellas las de 16 militares. También la que se cursó contra el exprocurador de Guerrero en la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala, a la sazón Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre los que figura la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Una mujer se sube a una de las zonas que separan a la Avenida de la Reforma en dos vías y sujeta una pancarta: “Fue el Ejército”. Es Minerva Nájera, una profesora de un instituto de la Ciudad de México. “No hay una verdad, son fragmentos de verdad. Es lo que le ha convenido a los gobiernos, dar pedazos de información” cuenta la profesora. Entre los manifestantes hay personas de varias partes de México: Jalisco, Estado de México, Guerrero… Un grupo de jóvenes se mantiene a la espera para unirse a la marcha que lleva del Ángel a la Plaza al Zócalo. El chándal azul que portan es una seña de los estudiantes normalistas que vienen de Guerrero. “Pedimos que se esclarezca lo ocurrido”, indica uno de ellos. “Por este suceso nos han apoyado, pero no como necesitamos”, cuenta el joven, que cree que estas escuelas rurales necesitan más ayuda para avanzar.
Lo que parecía avanzar en el terreno de las investigaciones comienza a sufrir fallas en el judicial, lo que ha enardecido los ánimos de los manifestantes. Donde cabría esperar una marcha más apaciguada, las autoridades han considerado que blindar el zócalo con vallas es una medida oportuna. La justicia por los 43 estudiantes asesinados da un paso atrás y otro adelante. Crucial fue la detención del general José Rodríguez, aunque por su presunta colaboración con el grupo criminal Guerreros Unidos. Pero el pasado 21 de septiembre, la justicia absolvió a 24 policías de Iguala y Cocula por el intento de asesinato del normalista Aldo Gutiérrez, en coma desde la noche del ataque. Y días antes, el 14 de septiembre, un juez absolvió a José Luis Abarca del secuestro de los normalistas. Abarca era alcalde del municipio en el momento del ataque contra los estudiantes. Seguirá en prisión por otras causas.
En este clima se desenvuelve la manifestación que avanza por el paseo Reforma de la capital cuajada de banderas, proclamas y deudas pendientes contra un Estado que en su día pareció confabularse con todas sus fuerzas en la ocultación de la muerte y desaparición de los 43 estudiantes.
