Esta semana, durante el juicio que se sigue a Genaro García Luna en Estados Unidos, su abogado preguntó a Jesús Reynaldo Zambada, uno de los testigos, si pagó siete millones al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual fue negado.
En su conferencia de prensa del miércoles, el presidente manifestó su molestia porque se le intentó vincular con miembros del crimen organizado y aclaró que no es ni corrupto ni mafioso.
“Este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho (Jesús Reynaldo) Zambada, pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política financiera, de cuello blanco que imperó en el país”, señaló el presidente.
Este jueves el mandatario federal anunció que ya dio instrucciones para que se analice la posibilidad de proceder legalmente, pero aún –destacó– se está analizando si la denuncia se interpone a nombre personal, como Andrés Manuel López Obrador, o como funcionario público, como presidente de México.
“Hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), que haga el análisis, que consulte abogados para ver cómo procedemos”, comentó.
López Obrador sostuvo que “como no tiene dinero” recurrirá a un abogado “probono”, pero lo importante –sostuvo– es defender su calidad moral.
“No es Andrés Manuel, es el presidente de México y eso tiene que quedar muy claro. De una vez les comento que como no tengo dinero para pagar un abogado puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran”, refirió.
El presidente aseguró que uno de los aspectos que más estima es su honestidad, porque esa es parte importante para gobernar.
“No acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además está de por medio que soy presidente de México, no se puede gobernar un país sin autoridad moral”, destacó.
Sobre el dinero confiscado a Genaro García que México está pidiendo sea regresado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se mantiene la demanda y no permitirán que se quede en Estados Unidos tan fácilmente.
“No vamos a permitir fácilmente, como era la costumbre, que son bienes que pertenecen a México, se queden en Estados Unidos”, afirmó.
Son más de 700 millones de dólares los que reclama a través de una demanda en Miami, en Estados Unidos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, explicó que a través de una trama de corrupción empresas del exsecretario de Seguridad Pública y de cercanos obtuvieron 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública, a partir de los que presuntamente extrajeron recursos por un monto de 745.9 millones de dólares.
