Blakely Morales
Con el argumento de que una lista de tres aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, limita, es excluyente y un desperdicio de posibilidades para elegir al perfil idóneo, el diputado morenista José Antonio Lorca Valle, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, con la que busca reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, para que, en caso de existir más de tres candidatos en condiciones de elegibilidad, el proceso de selección no se constriña a la presentación de una terna.
En la propuesta, Lorca Valle afirma: “pensamos que limitar la selección de aspirantes a una terna podría ser excluyente en el caso de que los candidatos idóneos excedieran esa cantidad, lo que redundaría en un desperdicio de posibilidades de elección para este honorable Pleno”.
Y añade: “Aún más delicado, esto lesiona el legítimo derecho de los aspirantes elegibles que se quedan fuera por una restricción normativa que carece de sentido”, afirma.
Señala que ello redunda en que si entre esos aspirantes excluidos hubiera uno que pudiera ser un buen o buena funcionaria pública, quien se perdería de esa buena oportunidad sería el pueblo de San Luis Potosí, solo por la existencia de un número limitativo carente de justificación.
En su iniciativa, el diputado Lorca Valle no propone un número concreto de candidatos y candidatas para ocupar la titularidad de la ASE, pero asegura que ampliar el umbral de elección legitimaría mayormente el proceso de designación, al darle al Pleno más posibilidades de decisión y no se limitarían las valiosas oportunidades de presentar un dictamen que si es necesario incluya a más de tres propuestas valiosas, o en su defecto a las que se estime necesario, así sean solo tres.
Dice que con la propuesta se daría una muestra de la apertura del Congreso del Estado para romper figuras arcaicas que restringen de forma ilógica e injustificada la dinámica del trabajo parlamentario.
Actualmente, algunos de los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas son: contar con una experiencia mínima de cinco años dentro de la función pública, y el mismo tiempo ejerciendo profesionalmente alguna de las siguientes licenciaturas: contaduría pública, derecho, economía, administración pública, u otro relacionada con actividades de fiscalización.
