Los migrantes detenidos en Guantánamo fueron trasladados a instalaciones en EE. UU.
Es la segunda vez que el gobierno lleva personas a la base de Guantánamo solo para expulsarlas al cabo de unas semanas, lo que resulta costoso y requiere mucho tiempo.
The New York Times.- El gobierno de Donald Trump expulsó de manera abrupta a un segundo grupo de migrantes que había sido trasladado a la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, devolviendo a Estados Unidos a 40 hombres que estuvieron detenidos allí en las últimas semanas, según funcionarios familiarizados con la situación en la base.
El gobierno no ha anunciado que haya trasladado a los hombres a una o varias instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Luisiana, ni tampoco estaba claro el motivo del traslado. Pero los funcionarios familiarizados con el asunto, que hablaron con la condición de mantener su anonimato para poder comentar un tema delicado, dijeron que ocurrió el martes.
La medida se produce unos días antes de que un juez del Tribunal Federal de Distrito de Washington analice una importante impugnación de algunos aspectos de esa política.
Es la segunda vez que el gobierno lleva personas a la base de Guantánamo solo para expulsarlas al cabo de unas semanas, lo que resulta costoso y requiere mucho tiempo.
A finales de febrero, el gobierno vació abruptamente dos centros de detención que había utilizado para recluir a 177 venezolanos que fueron trasladados en avión desde Estados Unidos, incluido un edificio de una prisión militar que fue utilizado anteriormente para recluir a detenidos por terrorismo.
Pero al trasladar a esos detenidos el 20 de febrero, el gobierno repatrió a los migrantes a la custodia de su gobierno de origen. Esta vez, según dijeron los funcionarios, los hombres fueron trasladados a un aeropuerto internacional de Alexandria, Luisiana.
La oficina de prensa del Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El aeropuerto del centro de Luisiana, que presta servicio a vuelos militares y chárter, se ha convertido en un centro de actividad de detención de migrantes. El ICE ha enviado a esas instalaciones a casi 100 migrantes desde Guantánamo, empezando con 48 el 2 de marzo. Uno de ellos fue enviado a un centro de procesamiento en Pine Prairie, a una hora al sur del aeropuerto.
Un destacado activista propalestino que el gobierno de Trump había detenido en Nueva York fue trasladado a otro centro del ICE en Luisiana, a una hora en coche al norte de ese aeropuerto. El gobierno está intentando deportar al activista, Mahmoud Khalil, porque ayudó a organizar protestas contra Israel en la Universidad de Columbia. Su caso ha llamado la atención porque es residente legal permanente y porque el intento de expulsarlo ha suscitado discusiones sobre la libertad de expresión.
Como parte de un esfuerzo más grande para llevar a cabo deportaciones masivas, el presidente Trump ordenó a los departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional que se prepararan para enviar migrantes a Guantánamo una semana después de asumir el cargo. Hasta el viernes, según una presentación judicial de esta semana, 290 migrantes de 27 países han pasado por la base.
El gobierno ha presentado la prisión como un buen centro de detención para detenidos que son considerados peligrosos, como los ciudadanos de Venezuela que son acusados de formar parte del Tren de Aragua, una banda que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera.
El gobierno no ha presentado pruebas de que los venezolanos que pasaron tiempo en el Campo 6 antes de ser repatriados el mes pasado fueran miembros de esa banda. La mayoría de aquellos cuya identidad se conoce no tienen antecedentes penales en Estados Unidos.
En cualquier caso, el gobierno aún tiene que ofrecer una explicación detallada sobre el envío temporal de migrantes a Guantánamo, incluidos aquellos que no están acusados de pertenecer a alguna banda peligrosa.
El viernes, según la presentación judicial, 17 migrantes estaban recluidos en un centro de seguridad media, un edificio de estilo dormitorio situado al otro lado de la base, mientras que 23 se encontraban en el Campo 6.
En otra presentación judicial de esta semana, el teniente coronel Robert Green, quien es el oficial del ejército al mando, hizo una declaración que ofrecía algunos detalles sobre cómo se ha tratado a los detenidos en el Campo 6. Dijo que el personal del ICE observa cómo los soldados estadounidenses registran desnudos a los migrantes recién llegados allí como “extranjeros ilegales de alto riesgo”. Afirmó que, después de eso, se cachea a los migrantes cuando se les traslada de celda.
El coronel Green reconoció que los soldados se han encontrado en situaciones tensas. Dijo que en un solo día, antes de la expulsión de los venezolanos, el personal penitenciario ató a seis migrantes a sillas de contención o a una camilla médica después de que cada uno de ellos protagonizara un episodio de autolesión, que en la jerga militar significa amenaza, gesto o intento de suicidio.
El Pentágono compró las sillas de inmovilización hace años para atar a los detenidos en huelga de hambre durante la guerra y obligarlos a comer.
La operación ha costado hasta ahora 16 millones de dólares estadounidenses, según representantes de la misión de detención de migrantes de Guantánamo que informaron a una delegación del Congreso durante una visita realizada la semana pasada. Cuenta con una plantilla de 1000 miembros de las fuerzas de seguridad y contratistas civiles, muchos de ellos movilizados desde bases militares de Estados Unidos.
Grupos de defensa de las libertades civiles y de los derechos de los migrantes han presentado dos demandas contra la política de Trump. Una solicita una orden judicial que permita a los detenidos el acceso a abogados, incluidas las visitas en persona. La otra impugna la legalidad de los traslados, tratando de prohibir al gobierno el envío de 10 migrantes que están detenidos en territorio estadounidense.
Ambos casos han sido asignados al juez Carl J. Nichols, designado por Trump, quien se espera que analice el caso el viernes por la tarde. Antes de esa confrontación, el Departamento de Justicia presentó el lunes un escrito en el que argumenta que la política es legal según la Ley de Inmigración y Naturalización.
Los especialistas en derecho de los migrantes han cuestionado el fundamento jurídico de la operación, argumentando que la ley no autoriza al gobierno a trasladar a personas al territorio de otro país no relacionado sin su consentimiento. Además, los expertos sostienen que la ley tampoco otorga autoridad para detener a personas fuera del territorio de Estados Unidos, lo que parece excluir a Guantánamo.
Pero el Departamento de Justicia argumentó que debía interpretarse que la Ley de Inmigración y Naturalización otorgaba autoridad para la operación. Entre otras cosas, argumentó que la ley dice que el gobierno puede detener a personas en una instalación gubernamental, y la base es un lugar de ese tipo. También comparó su detención allí con un vuelo de deportación que aterriza en un país intermedio para repostar antes de viajar a su destino final.
Las declaraciones que acompañan al escrito del departamento también divulgan detalles de lo que ha ocurrido en la base.
Una de ellas, de Juan Lopez Vega, director en funciones de operaciones de ejecución y expulsión de la oficina de campo del ICE en Miami, cuyo ámbito incluye Guantánamo, describió un sistema que permite a los detenidos llamar a abogados. También dijo que ninguno de los 10 migrantes citados en la demanda de la ACLU corría riesgo inminente de ser enviado a Guantánamo, y se comprometió a no trasladarlos allí hasta el 17 de marzo.
Otra de las declaraciones, del coronel Green, asegura que había llegado a Guantánamo hacía menos de un mes. Sugirió que los militares seguían cargando con la mayor parte de las responsabilidades de la iniciativa, aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha aportado más personal a la operación migratoria, que consta de 1000 trabajadores, que en sus primeros días.
En el Campo 6, el cuerpo de guardia funciona en turnos de 12 horas que utilizan cada uno 28 soldados, dos agentes del ICE y de siete a ocho contratistas pagados por la agencia por turno, según el coronel Green. En la prisión de seguridad media los guardias son todos agentes del ICE o contratistas, dijo Green.
