Esta semana, las autoridades recuperaron al menos 45 bolsas de basura con varios restos humanos que fueron recuperadas del fondo de un barranco en las afueras de Guadalajara, en el estado de Jalisco.
The New York Times.- A principios de esta semana, las autoridades mexicanas emprendieron la búsqueda de siete trabajadores desaparecidos de un centro de llamadas lo que terminó en un hallazgo aterrador cuando consiguieron al menos 45 bolsas de basura con varios restos humanos que fueron recuperadas del fondo de un barranco en las afueras de Guadalajara, en el estado de Jalisco.
“Parte de los actos de investigación y de las diligencias nos traen precisamente a este punto”, dijo Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal estatal de Jalisco, el miércoles en un encuentro con periodistas. Además, el funcionario precisó que en las bolsas se encontraron partes de cuerpos de hombres y mujeres.
También aseguró que no estaban “en condiciones de poder establecer cuántas víctimas posiblemente están aquí”.
El jueves, la fiscalía estatal sostuvo que algunos de los restos coincidían de manera preliminar con las características físicas de los trabajadores desaparecidos, quienes fueron vistos por última vez entre el 20 y el 22 de mayo. Las autoridades afirman que las familias han sido informadas, mientras los científicos forenses trabajan para confirmar la identidad de los restos.
El contexto
Los avances en la investigación han hecho que el caso sea “mucho más complejo de lo que parecía”, tuiteó esta semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. La evidencia hasta el momento, agregó, sugería que la casa donde trabajaban los desaparecidos no era un centro de llamadas, “sino de un centro de operaciones de otra naturaleza”.
En un cateo de la casa, las autoridades encontraron marihuana y posibles rastros de sangre en un trapo y un trapeador. También consiguieron información sobre tiempos compartidos y membresías, junto con objetivos de ventas para quienes trabajaban allí.
El martes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad de México, afirmó durante una conferencia de prensa que estos indicios mostraban que los empleados “estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, digamos, de extorsiones telefónicas”.
A principios de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a varias empresas mexicanas, la mayoría con sede en Jalisco, vinculadas al fraude de tiempos compartidos que trabajaban en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, da como resultado otra importante fuente de ingresos para los cárteles y fortalece sus empresas criminales en general”, dijo Andrea M. Gacki, directora de la oficina de control de activos extranjeros del departamento.
Por qué importa
El descubrimiento de los restos humanos en Jalisco es un recordatorio espeluznante del fenómeno más amplio de las desapariciones que ha afectado al país durante décadas y que empaña el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 110.000 personas están desaparecidas en México, y su paradero es incierto. Jalisco ha registrado el mayor número de desaparecidos del país: casi 15.000 personas hasta el 2 de junio.
Las cifras se han convertido en un tema político delicado para López Obrador, particularmente ahora que México se encamina a la elección presidencial de 2024 y es probable que uno de los aliados más cercanos del presidente esté en la boleta electoral.
Cuando López Obrador llegó al cargo en diciembre de 2018, prometió erradicar la violencia que convulsiona a México. Pero su estrategia de seguridad con el lema “abrazos, no balazos” que busca lidiar con las causas profundas que alimentan a los cárteles no parece haber reducido las desapariciones.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, las desapariciones en todo México aumentaron más de un 20 por ciento en los tres primeros meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2022.
El mandatario se ha defendido de las alarmantes cifras diciendo que su gobierno ha mejorado en el recuento y la investigación de los desaparecidos.
“Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora”, dijo López Obrador el año pasado. “Asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares, y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada”.
Pero algunas familias y activistas no están de acuerdo en que los esfuerzos del gobierno estén funcionando.
El 28 de mayo, Delia Quiroa, defensora de los derechos humanos cuyo hermano Roberto desapareció en el estado de Tamaulipas en 2014, publicó una carta en la que pedía a los líderes de los cárteles de México que llegaran a un “pacto social” para poner fin a las desapariciones y permitir a las familias investigar su destino.
“Lo único que queremos es saber qué le pasó a nuestros familiares desaparecidos”, escribió Quiroa. “Necesitamos de su ayuda y colaboración”.
Unos días después, López Obrador dijo que aceptaría un acuerdo que podría poner fin a la violencia. El jueves, se retractó de la declaración, y dijo que aunque apoyaba a las familias que buscaban a sus seres queridos, “no hay en puerta ningún otro plan”.
Lo que sigue
La fiscalía del estado de Jalisco dijo que la búsqueda de los trabajadores desaparecidos continuará, y que las autoridades seguirán explorando el barranco hasta localizar y extraer todas las bolsas.
