El Consejo de Salubridad General calificó de “no procedente” la inclusión del Trikafta; pese a que Cofepris ya lo había autorizado en septiembre de 2024.
ABC.- Padres y madres de pacientes con fibrosis quística se manifestaron en el Centro Histórico de la capital del país, luego de que el Consejo de Salubridad General dictaminara como “no procedente” la inclusión de Trikafta en el sector público, pese a que el medicamento cuenta con registro sanitario avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de acuerdo a Indira Adriana Castro Zamarrón, fundadora de Un Respiro para la Vida FQ, es suministrado a derechohabientes de Pemex.
La protesta fue encabezada por Castro Zamarrón, quien calificó la resolución como incongruente y discriminatoria, al señalar que mientras pacientes asegurados en Petróleos Mexicanos ya reciben el tratamiento, niñas y niños del sector público quedan excluidos.
“Del año pasado a este 12 de febrero no se nos dio actualización. Y el 12 de febrero lo califican como no procedente, con la justificación de que no hay evidencia clínica ni científica, cuando ya tiene registro sanitario y cuando instituciones públicas como Pemex ya lo están recetando”, señaló.
Detalló que, tras dos años de gestiones, el laboratorio obtuvo el registro sanitario por parte de Cofepris; sin embargo, posteriormente se les informó que dicho registro no era suficiente para su incorporación al sector salud y fue turnado a un comité de evaluación.
“Hace años comenzamos este movimiento para solicitar la inclusión al cuadro básico de medicamentos de Trikafta. Se nos abrió el camino con gobernación, nos acercaron a la Secretaría de Salud y a Cofepris, y el laboratorio se presentó en México porque desde 2018 tiene registrada la patente”, explicó.
La inconformidad se profundiza porque, de acuerdo con la activista, al menos nueve pacientes de Pemex en distintos estados del país reciben ya el tratamiento, pese a tratarse de una institución pública federal.
“Ahí es donde nace la incongruencia. ¿Valen más los pacientes de Pemex o los privados que los del sector público? Eso es discriminación”, sostuvo.
El señalamiento cobra mayor peso al contrastarse con el comunicado emitido el 26 de septiembre de 2024 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde informó la autorización de Trikafta —desarrollado por Vertex Pharmaceuticals— como el primer medicamento huérfano destinado a la atención de pacientes con fibrosis quística, posicionando a México entre los primeros países en aprobar esta terapia innovadora.
En dicho comunicado, la autoridad sanitaria subrayó que el fármaco cumplía con todos los requerimientos y que su aprobación mejoraría la calidad de vida de niñas y niños diagnosticados con esta enfermedad rara, que en México registra en promedio 300 nuevos casos por año.
“Cofepris avaló que cuenta con todos los requerimientos, incluso dijeron que México era de los primeros países en aprobarlo. Y ahora otra dependencia lo califica como no procedente. Parece una pelea entre hermanos: uno dice que sí y otro que no”, expresó Castro Zamarrón.
De acuerdo con el portal federal en línea de Actualización del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la solicitud de inclusión del Trikafta fue declarada como no procedente, después de más de un año de haberse presentado dicha solicitud por parte de la farmacéutica el 12 de febrero de 2025.
“El argumento que les dieron fue que no cuenta con evidencia clínica y científica. ¿Cómo pueden decir eso si está autorizado en 50 países y tiene registro sanitario en México?”, cuestionó Indira.
La fibrosis quística está considerada dentro de la “Lista actualizada de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos”, aprobada por el propio Consejo de Salubridad General, lo que implica que el Estado debe brindar protección financiera a quienes sean diagnosticados. Así lo ha señalado también el senador Waldo Fernández, quien ha promovido puntos de acuerdo en respaldo al acceso al tratamiento.
Castro Samarrón informó que solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con todas las autoridades competentes —Cofepris, Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud— y que se fijó un plazo de 72 horas para definir fecha, tentativamente el 2 de marzo.
“Estamos muy indignados, enojados y tristes. No sabemos por qué lo calificaron así. Si no nos dan respuesta en 72 horas, nos vamos a seguir manifestando cada semana hasta que nos reciban y nos expliquen qué pasó”, advirtió.
Mientras tanto, médicos del sector público no tienen permitido prescribir el medicamento, lo que obliga a las familias a recurrir a servicios privados y a cubrir costos elevados mediante seguros de gastos médicos mayores.
“Mi hija lleva tres años tomándolo de manera intermitente y pasó de estarse muriendo a hacer una vida prácticamente normal. Además, representa un ahorro para el sistema de salud porque reduce internamientos y uso de antibióticos costosos”, concluyó.
