México logra respaldo en su apelación contra armerías de EEUU
El País CR.- México obtuvo respaldo en su apelación presentado el 14 de marzo en una corte de EEUU ante el fallo de un juez que en octubre desechó su demanda en contra de fabricantes de armas, publicada el miércoles la cancillería.
En la apelación, México insiste en que «la ley de EEUU que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no abarcan los daños causados en territorio mexicano».
México apeló la sentencia de una corte de la ciudad estadounidense de Boston, Massachusetts (este), tras el fallo de un juez que desestimó la demanda presentada en 2021 contra fabricantes de armas, que considera en parte responsables de la violencia del crimen organizado.
El fallo del juez Dennis Saylor IV, del tribunal en Massachusetts emitido a principios de octubre, indica que «desafortunadamente para el gobierno de México, todos sus reclamos legales están prohibidos por ley federal o fracasan por otras razones».
En respuesta, el Gobierno de México presentó el martes pasado nueve escritos de ‘Amigos de la Corte’ a favor de la demanda, firmados por parte «un amplio espectro de actores en todo el mundo», anuncia la secretaría de Relaciones Exteriores.
Los respaldos
México estima que hay en su territorio 13 millones de armas sin registrar en todo el país, la gran mayoría traficadas ilegalmente desde EEUU, suficiente para que una de cada 10 personas esté armada en una población de casi 130 millones de habitantes.
Entre los nueve escritos entregados antes de vencer el plazo de una semana tras la presentación de la apelación destacan «fuerzas del orden estadounidense, entre los que se encuentran un excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza y jefes de policía de ese país».
Los funcionarios denuncian que la manera en que se fabrican y venden armas en EEUU «facilitan el tráfico de armas a México».
Destacan también que dichas armas han causado una crisis de seguridad a ambos lados de la frontera, resaltando que el crimen organizado que emplea las armas estadounidenses ha causado la actual epidemia de fentanilo en ese país.
Procuradores de 17 estados de la federación estadounidense también cuestionaron la ley federal que otorga inmunidades a la industria de armas.
Además, 24 fiscales de distrito de EEUU (incluido Arizona), señalan que las armas traficadas «facilitan el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, causan daños a sus comunidades».
Cinco países caribeños (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago), así como una coalición de organizaciones en favor del desarme, quienes expresan que existe una «correlación entre la presencia de armas estadounidenses en América Latina y el Caribe , y el nivel de violencia, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos en la región».
Otros dos especialistas en litigios transfronterizos y derecho internacional también se pronunciaron a favor de que la ley estadounidense no resulte aplicable en el presente caso.
Juristas mexicanos también manifiestan que «el acceso a la justicia es un principio de derecho internacionalmente reconocido, por lo que la Corte de Apelaciones debe permitir que proceda la demanda del Gobierno mexicano», según el recuento.
Activistas, víctimas de violencia armada y organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera, señalan la importancia de promover un «comercio responsable» de armas para evitar la muerte de personas inocentes, y se pronuncian por una interpretación del derecho en favor de la posición de México.
La decisión judicial que es objetada durante mucho tiempo que una ley de inmunidades en EEUU protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, aun cuando sus conductas causen un daño en México.
El juez Saylor afirmó que la norma federal conocida como Ley de Protección del Comercio Legal en Armas «inequívocamente prohíbe las demandas legales que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas por los actos de individuos que las usan para sus propósitos» y no hay excepciones aplicables a este caso .
El magistrado argumentó además que el tribunal que encabeza «no tiene la autoridad de ignorar un acto del Congreso», al referirse a la ley federal que cita como base de su resolución. (Sputnik)
