Tras una simulación de compra y venta de decenas de tambos y cajas de insecticida, que nunca llegaron al estado, la ex secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, recibió de vuelta por parte de la “empresa” con la cual hizo el acuerdo, 22 millones de pesos que provenían del Erario público, los cuales eran llevados a su casa por su esposo en “cajas de huevo”. Y aunque la sentencia fue condenatoria para la ex funcionaria, hoy se encuentra “libre” tras haber regresado la misma cantidad de la que intentó apoderarse junto con otras dos personas.
Mónica Rangel Martínez, ex titular de los Servicios de Salud en San Luis Potosí autorizó un contrato de adjudicación directa de 102 tambos de plaguicidas clorpirifos y 202 cajas del insecticida Spinosad para el control del mosquito transmisor del dengue en la Huasteca, sin embargo dicha compra fue simulada ya que los insumos nunca llegaron a las jurisdicciones sanitarias estatales.
La SS y la empresa firmaron el contrato el 17 de diciembre de 2019, que implicaba un pago de 22 millones 042 mil 365.23 pesos, que se realizó el 23 de diciembre de ese año a través de una transferencia de una cuenta bancaria de la persona moral.
La sentencia señala a la “extitular de los Servicios de Salud en el Estado” de reunirse a principios de diciembre de 2019 con el “exjefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector”, en referencia a Juan Francisco Martínez Perales; y con Jorge Fernando Lozano Morales, apoderado legal de la empresa Public Health Supply and Equipment de México SA de CV, proveedora regiomontana de sustancias y equipo médico de la SS.
El motivo de la reunión era, de acuerdo con la sentencia, “para llevar a cabo la simulación de un procedimiento de compra de plaguicidas que les generara un lucro”.
De acuerdo al diario Pulso, quien obtuvo mediante una solicitud de transparencia la versión pública de la sentencia decretada el 20 de mayo de este año por el juez de control Javier Pérez Contreras dentro de la causa penal RI/SLP/CP-211/2022, establece que los involucrados “tenían conocimiento de que no se surtirían los insumos.
Y es que de acuerdo a la sentencia decretada el 20 de mayo de este año por el juez de control Javier Pérez Contreras dentro de la causa penal RI/SLP/CP-211/2022, se encontró culpable a Mónica Rangel de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo, cuando fungía como secretaria de Salud.
El documento señala que el producto, o sea el plaguicida e insecticida, no fue recibido en el almacén de la Jurisdicción Sanitaria número V, con sede en Ciudad Valles. Como prueba, detalla las fotografías tomadas por agentes de la “Policía Ministerial” de los almacenes de todas las jurisdicciones sanitarias, que probaron que no se encontraban los insumos, que se supone se habían adquirido.
La nota del periodista Jaime Hernández López, del Periodico Pulso, señala que el acuerdo para simular la venta de decenas de tambos y cajas de insecticida contra el mosquito del dengue, sin que el producto fuera entregado permitiria a Rangel y a otras dos personas cuyos nombres no aparecen en la sentencia hacerse de 22 millones de pesos del erario.
Y es que, tras una detallada explicación de diversos movimientos de la transacción, el juzgador concluyó que el producto contratado por la SS jamás fue recibido, no obstante que sí se realizó el pago convenido.
La sentencia establece que, con este acto, los involucrados afectaron al erario estatal y además obtuvieron un beneficio, pues afirma que en enero de 2020. Los entonces servidores públicos se reunieron con el apoderado legal de la empresa “a efecto de que éste restituyera el dinero depositado a su representada”. En ese encuentro, agrega, Lozano Morales “entregó físicamente” la suma a una persona que no se identifica y éste, a su vez, lo pasó a los demás servidores públicos.
Millones en cajas de huevo
Pruebas documentales presentadas por la FGE, como el contrato, la factura y las transferencias bancarias, el juez de control consideró que el “interés delictivo” de los involucrados, “que en el particular lo es la obtención de un beneficio económico”, quedó probado con los testimonios recabados por la Dirección de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de varios testigos de los hechos considerados delictivos.
Uno de los testimonios en particular, que no es identificado, aseguró haber asistido presencialmente en varias ocasiones al domicilio particular de la acusada, es decir, de Mónica Rangel y a la sede de la SS, y atestiguó “el acuerdo de voluntades” entre las partes y los servidores públicos para realizar el contrato de compra de insecticidas, siempre con el conocimiento de que no se entregarían y que la empresa restituiría posteriormente a los funcionarios el monto de la operación.
El testigo no sólo presenció las reuniones en donde se planeó la simulación de la compra, sino también la devolución del dinero a los funcionarios.
El testigo identificó específicamente “al esposo de la hoy acusada, como la persona que en el interior de aquellos lugares, en diversas ocasiones, portaba cajas de huevo… en las que él pudo advertir se encontraban las cantidades o diversas cantidades de dinero” que habían sido regresadas por el apoderado de la empresa beneficiada con el contrato.
La sentencia evidencia que hubo un ofrecimiento de la FGE y una aceptación de la acusada de una sanción privativa de libertad de 4 años y 10 meses.
Este lapso permitió a la defensa de Rangel Martínez solicitar el acceso al beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión.
El juez de control consideró que se cumplían los requisitos legales para conceder ese beneficio, además de que no hubo oposición de la FGE a tal medida.
Evitar casi cinco años de cárcel le costó a Mónica Rangel 83 mil 637.50 pesos, divididos en 20 mil de una garantía económica y una sanción de 63 mil 367.50 pesos.
Además, se le impusieron varias restricciones, como vivir en el domicilio particular que señaló previamente, no ausentarse de él sin autorización judicial, ni salir del país. Si fuera “necesario e indispensable” se obligaba a solicitar antes una autorización judicial.
Durante el juicio, la exfuncionaria estatal interrumpió su encarcelamiento en el Centro de Reinserción Social número 1 para atender el cáncer de mama que sufría. El juez indicó que podría, previa notificación, solicitar salir del reclusorio para atenderse, dependiendo de la determinación judicial.
Una vez pagada las cantidades impuestas, expresó el juez, podría concedérsele “la inmediata y absoluta libertad”, aunque aclara que “únicamente por lo que está causa penal se refiere”.
El juez determinó que Mónica Rangel incurrió en ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa, y además del periodo de condena, los 4 años y 10 meses y del pago de la multa económica.
A Mónica Rangel se le suspendieron sus derechos políticos y civiles por el mismo lapso de la condena.
En esos mismos resolutivos se establece también que se le concede el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión.
Dinero devuelto
Sobre el destino de los 22 millones de pesos que la exfuncionaria y sus coacusados desviaron del erario, es hasta el resolutivo segundo cuando se habla del asunto.
En ese punto se señala que a Mónica Rangel también se le condenó a la reparación del daño por ese mismo monto, pero en la audiencia se dio a conocer que la misma ya habia sido cubierta.
La sentencia no da ningún dato sobre el modo y los tiempos en los que la exsecretaria de Salud retornó al estado 22 millones de pesos.
