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Los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzaron este domingo 30 de marzo su campaña a con el fin de obtener el próximo 1 de junio un lugar en el máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó en el portal Candidaturas Poder Judicial los perfiles y principales propuestas de cada uno de los aspirantes a ministros de la SCJN.
Los candidatos destacan, en general, la agilización de los procesos de administración de justicia, garantizar los derechos sociales y realizar sentencias claras y accesibles para la sociedad.
Las tres ministras en funciones que van a la elección usan términos semejantes a los empleados por los gobiernos emanados de Morena: Loretta Ortiz propone ser una ministra de territorio, Yasmín Esquivel habla de fortalecer el tejido social para lograr bienestar y Lenia Batres enuncia a la austeridad y la erradicación de privilegios.
La magistrada federal Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra y hoy diputada morenista Olga Sánchez Cordero, propone que las sentencias del máximo tribunal sean más cortas, que se elimine el uso de papel mediante la tecnología y que se promocionen los mecanismos alternativos para la resolución de controversias de manera itinerante en comunidades apartadas.
El magistrado Sergio Molina Martínez, actual consejero de la Judicatura Federal, señala que la SCJN ha sido lejana al pueblo y que la justicia es inaccesible, lenta y complicada, por lo que asegura que sus decisiones van a garantizar los derechos sociales, que va a escuchar a todos los sectores de la sociedad y que la justicia sea “desformalizada”.
María Estela Ríos, exconsejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador, afirma que va a combatir la corrupción y la impunidad en el poder judicial y que se mejorarán los sistemas informáticos de la Corte para agilizar procedimientos administrativos y judiciales.
Además, añade que sus resoluciones serán claras y sencillas, ya que “el conocimiento del derecho no debe ser para unos cuantos privilegiados”.
Marisela Morales Ibáñez, exprocuradora General de la República en el sexenio de Felipe Calderón, plantea fortalecer la justicia digital mediante la creación de un comité de tecnología aplicada a la justicia y difundir cápsulas informativas sobre las resoluciones de la SCJN.
Asimismo, señala que impulsará reformas para mejorar la defensoría pública y que deje de depender del Poder Judicial.
Magda Zulema Mosri, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asegura que su trabajo será el modelo a seguir de jueces, magistrados y los demás ministros y para ello hará uso de la inteligencia artificial que analizará si se violan jurisprudencias o no se aplica la perspectiva de género o los derechos humanos.
Propone crear una “instancia ciudadana” que revisen si una sentencia se dictó correctamente y, además, que existan audiencias públicas itinerantes en todo el país.
