En San Luis Potosí, ejercer el periodismo también es una actividad de riesgo para las mujeres. De acuerdo a una encuesta realizada este mes por la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, RMPSLP, el 46% de las periodistas que la respondieron, reportó haber sido víctima de alguna agresión entre 2021 y 2022 mientras realizaba su trabajo.
Los principales agresores de las mujeres periodistas en la entidad son personas del funcionariado público, quienes ejercen diversos tipos de violencia que van desde la discriminación, obstruir el acceso a la información, intimidar a quienes los y las cuestionan, ejercer violencia verbal e incluso física o hasta violar la Ley de Protección exigiendo que se les compartan fuentes y datos confidenciales.
Al interior de las redacciones, en los centros de trabajo, las mujeres periodistas también han enfrentado violencias que se han traducido, por ejemplo, en exigirles que se presenten a trabajar estando enfermas de Covid-19, negación de licencias por maternidad, falta de prestaciones laborales, discriminación, acoso sexual y otras violencias en razón de género.
Quienes decidieron denunciar o hacer visibles estas violencias se encontraron, el 41%, con ningún tipo de respuesta; y el 23% con una respuesta que no fue la que esperaban; pero también hubo quienes optaron por no denunciar, resaltan como motivos la desconfianza en las autoridades e incluso el miedo a poner en riesgo su trabajo o a perderlo definitivamente.
Por otro lado, la pandemia también ha sumado al cúmulo de desigualdades en el que las mujeres ejercemos el trabajo periodístico en San Luis Potosí. Al menos 4 de cada 10 periodistas que respondieron la encuesta, se contagiaron de Coronavirus, sin embargo, la respuesta en sus centros de trabajo no fue priorizar su salud. La encuesta arroja que el 45% no cuenta con Seguro Social y sus empleadores no se hicieron cargo de pagar sus gastos médicos.
75% de las periodistas también indicaron que mientras estuvieron enfermas y con síntomas, las empresas para las que laboran les requirieron trabajar desde casa e, incluso, a un 10% se le solicitó acudir a laborar teniendo síntomas, pese a que ello vulnera sus derechos y ponía en riesgo la salud de otras personas.
En el mismo sentido, el 90% de las periodistas que contestaron la encuesta indicaron que fue necesario realizarse al menos una prueba para detectar o descartar el contagio pero el 79% pagó dicha prueba con sus propios recursos, en mayor medida porque no cuentan con servicios médicos como prestación en sus contratos laborales. De hecho, el 54% ni siquiera recibió algún tipo de equipo de protección para prevenir el contagio.
En esas condiciones, y en el marco del 8M, una fecha para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por entornos laborales justos y libres de violencias, desde la RMPSLP alzamos la voz para hacer visibles las condiciones adversas en las que la mayoría desempeñamos nuestra labor, que es esencial, sobre todo en países como el nuestro.
Exigimos a las personas del funcionariado público, a las instituciones cuya obligación es garantizar, no solo el acceso a la información, sino el ejercicio pleno de la libertad de expresión, que respeten nuestros derechos y que, desde sus esferas de actuación, cumplan con el deber de garantizarlos.
A las empresas de medios de comunicación, cuya agenda informativa se nutre con nuestra mano de obra pero también con nuestro compromiso personal y profesional con el ejercicio periodístico, que respeten nuestros derechos laborales y que otorguen a su plantilla de trabajadoras salarios, horarios y condiciones dignas para cumplir con su trabajo.
Este 8M, y en adelante, no queremos solo ser una invitada más a sus desayunos conmemorativos, ni una nota en sus primeras planas o una cuota de género. Queremos ocupar libremente los espacios que nos corresponden, y que hemos trabajado para conquistar.
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