Expansión.- Con 34 años de carrera judicial, la ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y rompió el techo de cristal en el Poder Judicial. Ocupará el cargo durante el periodo 2023-2026.
Hoy resultó electa presidenta de la SCJN con el apoyo de seis de los 11 ministros. A diferencia de su predecesor, un activo participante de Twitter y Tik Tok, el perfil de Piña es más bien reservado y estudioso: no tiene cuenta de redes sociales y fue estudiante con altas calificaciones y menciones especiales.
Este 24 de enero tendrá su primer reto al frente de la Corte: está enlistada la discusión y votación de la primera acción de inconstitucionalidad relacionada con las tareas que las Fuerzas Armadas desarrollan en materia de seguridad pública, pues se resolverá sobre la constitucionalidad de la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD).
Esa acción de inconstitucionalidad 63/2019 fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En marzo continuarán las pruebas de fuego, pues deberá resolverse también la acción 46/2016 contra las reformas al Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales.
Entre sus votos decisivos como ministra, han destacado la declaratoria de las leyes que penalizan el aborto como inconstitucionales, o bien, en 2021, la eliminación de la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la marihuana, de la que fue ponente.
También votó a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y en favor de declarar inconstitucional la Ley Eléctrica; éste último caso no prosperó.
Sus propuestas
Al presentar su candidatura, la hoy ministra presidenta de la SCJN ofreció “construir las bases para la institucionalización de un amplio y permanente combate a la corrupción, sin consignas y sin titubeos”.
Además planteó ampliar esa política a la Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no centrarse, como ahora, en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Este último, propuso, debe ser no un órgano de “gobierno de los jueces”, sino un órgano constitucional auxiliar y garante proactivo de la función jurisdiccional y de la independencia judicial.
También propuso aplicar la perspectiva de género en el PJF, pero esta no podrá ser posible sin cinco condiciones indispensables: valor para hacer frente al acoso sexual y a la violencia de género; paridad sobre todo en puestos de alta responsabilidad para romper los techos de cristal; presupuesto suficiente para hacer posible esa perspectiva; pericia en la materia, y respaldo administrativo para gestionar las políticas necesarias.
Asimismo la ministra planteó consolidar la cero tolerancia a la violencia sexual, tanto el mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género en la SCJN, como en la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual en el CJF.
Carrera judicial
Piña Hernández ha sido secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (1988-1992), y cursó la especialidad judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la SCJN en 1989.
Desde entonces esta abogada de 63 años ha ascendido: primero como secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la SCJN (1992-1998), luego como jueza por oposición en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos (1998-2000), y más tarde como jueza de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (2000).
También fue magistrada de Circuito por oposición en septiembre de 2000; magistrada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y magistrada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (2015). En ese año el expresidente Peña Nieto la propuso al Senado, mismo que la ratificó como ministra.
