La Fiscalía General del Estado, el Interapas, el Poder Judicial, la Secretaría de Salud, el Cecyte, instituciones educativas y culturales, de asistencia social, el Fondo de Fortalecimiento Financiero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, municipios como Tamazunchale, Matehuala, Villa de Reyes, Santa María del Río, entre otros, presentan pasivos por mil 200 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2018 y 2019, según denunció Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C.
Tras realizar un comparativo de esos años, se detectó que 102 entes fiscales presentan endeudamientos exorbitantes, y todo esto ocurre bajo la permisividad de la Auditora Superior del Estado, ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y de la Unidad de Evaluación y Control.
“Están violando lo contenido en los Artículos 126 de la Constitución Federal y 113 de la Constitución del Estado, al permitir que los entes auditables excedan en su gasto en cantidades desproporcionadas y exageradas a lo autorizado en sus presupuestos de egresos, trayendo como consecuencia, crear endeudamientos al no efectuar la revisión de las cuentas públicas de acuerdo como lo señalan las leyes de la materia, tales como la Ley de Disciplina Financiera, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y Municipios, entre otras”.
Entre los entes con mayor problemática destacan el Poder Judicial del Estado que no reporta información, ni cuenta con los Estados Financieros Publicados, tal y como lo dispone la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tampoco presenta su información vía internet.
De la administración pública paraestatal se detectó que de 28 organismos, 13 no publican su información, 8 la publican parcialmente, en 12 se detecta un aumento en pasivos por la cantidad de 688 millones 795 mil 600 pesos, lo que equivale a un 43 por ciento entre el ejercicio 2018 y 2019. Destaca la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado que se observa un incremento en los pasivos por 646 millones 63 mil 138 pesos lo que representa un incremento del 44 por ciento.
Hay 34 organismos descentralizados de la administración pública, y 17 de ellos, no publican su información, destacando el CECYTE, con un incremento del 81 por ciento en sus deudas.
En once instituciones educativas y culturales con subsidio no es posible determinar sí existe un incremento en sus pasivos, ya que ninguna presenta información, ni exhibe sus estados financieros a pesar de que el presupuesto autorizado es por la cantidad de 13 millones 807 mil 249 pesos.
De 29 instituciones de Salud y Asistencia Social con subsidio, ninguna presenta información, aún y teniendo un presupuesto por la cantidad de 37 millones 45 mil 684 pesos.
Resaltan dos Fondos de Fortalecimiento Financiero Estatal porque ninguno presenta información de sus estados financieros, y su presupuesto es de mil millones 736 mil pesos.
De siete organismos autónomos se detectó que 4 de ellos incrementaron su pasivo por la cantidad de un millón 316 mil 111 pesos, sobresale la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, con un incremento por 620 mil 86 pesos.
Sobresale la Fiscalía General del Estado, FGE, por opacidad ya que aunque maneja un presupuesto de mil 49 millones 922 mil pesos, no reporta ninguna información y al no hacerlo no se pudieron identificar sus pasivos.
En el caso de los 58 municipios del Estado, encontró que 44 ayuntamientos reportan un aumento por 390 millones 373 mil 257 pesos destacando Tamazunchale con un incremento por 99 millones 392 mil 163 pesos y le siguen Matehuala, Villa de Reyes y Santa María del Río.
De 24 organismos del agua, 18 de ellos reportan un incremento por 90 millones 404 mil 566 pesos y tan solo el Interapas destaca con un incremento de 72 millones 791 mil 681 pesos.
Por lo anterior, Juan José Frías Aguilera, llamó a las autoridades judiciales a iniciar investigaciones y crear las sanciones correspondientes, con cargo a cada uno de los responsables de los entes fiscalizables por el daño patrimonial ocasionado por el inminente desvío y malversación de recursos públicos, así también por la omisión en las leyes de disciplina financiera a la responsable de la ASE, Rocío Cervantes, al Coordinador de Auditorias Especiales, Fernando Díaz Jiménez, a la contralora interna Rosalva Salazar Miranda, entre otros.
