Los panistas señalaron que el proceso electoral debe iniciar en septiembre de 2023 pero con la modificación del “Plan B” se iría hasta el mes de noviembre.
Infobae.- Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, anunció que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual se pretende limitar las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) para así debilitarlo como árbitro.
En conferencia de prensa, Cortés anticipó que esta acción legal se realizará por diferentes vías:
“La que tenemos como potestad los presidentes de partidos, por tratarse de un tema electoral podemos presentar de forma directa la acción de inconstitucionalidad; otra es a través de las firmas de nuestros diputados y senadores, es la vía legislativa, se requiere un tercio de las firmas y nosotros pondremos las 115 firmas de nuestras y nuestros diputados federales que tiene el grupo parlamentario”, informó.
El líder panista adelantó que también se está explorando presentar una controversia constitucional a través de municipios y ayuntamientos, ya que se les está limitando seriamente su capacidad de informar y difundir acciones de gobierno.
El gobernador @MauVila nos acompañó en nuestra reunión. Junto con los dirigentes estatales de todo el país, estamos trabajando para preparar las bases que nos llevarán a corregir el rumbo del país en 2024.
Unidos y fuertes, #CambiemosMéxico. pic.twitter.com/1Hbx8QrwuB
— Marko Cortés (@MarkoCortes) January 16, 2023
“Se les está limitando la posibilidad de poder dar a conocer lo que ellos están haciendo, mientras que vemos al gobierno federal todos los días que mal usa el Palacio Nacional para hacer política y difusión y atacar a la oposición”, señaló Cortés.
En la conferencia de prensa, junto a los líderes estatales del PAN, Cortés sostuvo que el Plan B del presidente López Obrador retrasa aún más el proceso electoral del 2024 y es parte de lo que se impugnará.
Sin esa modificación el proceso electoral iniciaría en septiembre de este año, con la modificación del “Plan B” se iría hasta el mes de noviembre, sin embargo, garantizó que su partido se apegará a los tiempos legales y respetará la ley a diferencia de lo que hace “Morena, sus corcholatas y el presidente”.
El presidente de Acción Nacional indicó que uno de los temas de la reunión de jefes estatales es el arranque del 2023, que será el año en que se construyan los cimientos sólidos para la elección del 2024.
Sobre las coaliciones a nivel estatal aseguró que serán definidas desde lo local, porque así lo mandatan los estatutos, “será cada estado, sus consejos estatales, sus comisiones permanentes estatales las que nos propongan si quieren o no”.
Insistió en que la coalición que se dio a conocer con los partidos de oposición, implica primero una coalición en el terreno legislativo que dé resultados desde ahora y parte del acuerdo será nombrar a los cuatro consejeros del INE.
“¿Qué quiere decir esto?, que si hay buenas propuestas de quintetas para los consejeros del INE votaremos a favor, de buenas propuestas que integren el Instituto Nacional Electoral, pero juntos, la oposición junta. Si hay malas propuestas votaremos en contra, pero juntos también”, detalló.
Amparos contra el Plan B
La semana anterior, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que los ciudadanos interpondrán “decenas de miles de amparos” en contra del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El miércoles 11 de enero, durante una conferencia magistral en el marco del seminario Los Estados en 2022. La nueva distribución partidista, Córdova Vianello declaró que se esperan acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y cientos de miles de amparos de ciudadanos que consideren que sus derechos se están vulnerando.
Y es que según señaló, la iniciativa presidencial afecta los derechos de los trabajadores del organismo y de la ciudadanía, pues pone en riesgo el voto para las elecciones futuras.
