Panamá libera a decenas de deportados por EEUU tras críticas de defensores de los derechos humanos
AP.- Después de semanas de demandas y críticas relacionadas con los derechos humanos, Panamá liberó el sábado a decenas de migrantes que llevaban semanas detenidos en un campamento remoto tras ser deportados de Estados Unidos, y les dijo que tenían 30 días para abandonar la nación centroamericana.
Esto sumió a muchos, como Hayatullah Omagh, un afgano de 29 años que huyó de Afganistán en 2022 tras la toma Talibán del país, en un limbo legal y sin un camino claro a seguir.
“Somos refugiados. No tenemos dinero. No podemos pagar un hotel en Ciudad de Panamá, no tenemos familiares”, dijo Omagh a la Associated Press en una entrevista. “No puedo volver a Afganistán bajo ninguna circunstancia… Está bajo el control del Talibán, y quieren matarme. ¿Cómo puedo regresar?”.
Las autoridades han dicho que los deportados tendrán la opción de extender su estancia por 60 días si lo necesitan, pero después de eso muchos, como Omagh, no saben qué harán.
Omagh bajó de un autobús en Ciudad de Panamá junto a 65 migrantes de China, Rusia, Pakistán, Afganistán, Irán, Nepal y otras naciones, después de pasar semanas detenidos en malas condiciones por el gobierno panameño, que ha dicho que quiere trabajar con el gobierno de Donald Trump “para enviar una señal de disuasión” a las personas que esperan migrar.
Grupos de derechos humanos y abogados que abogan por los migrantes estaban esperando en la terminal de autobuses y se apresuraron a encontrar refugio y otros recursos para los migrantes liberados. Decenas de otras personas permanecieron en el campamento.
Entre los que bajaban de los autobuses había migrantes que huían de la violencia y la represión en Pakistán e Irán. También estaba Nikita Gaponov, de 27 años, que huyó de Rusia debido a la represión por ser parte de la comunidad LGBTQ+ y dijo que fue detenido en la frontera de EEUU, pero no se le permitió presentar una solicitud de asilo.
“Una vez que baje del autobús, dormiré en el suelo esta noche”, dijo Gaponov.
Otros volvieron a mirar hacia el norte, diciendo que aunque ya habían sido deportados, no tenían otra opción que continuar después de cruzar el mundo para llegar a EEUU.
Los deportados, en su mayoría de países asiáticos, formaban parte de un acuerdo entre el gobierno de Trump, Panamá y Costa Rica mientras la Casa Blanca intenta acelerar las deportaciones. El gobierno estadounidense envió cientos de personas, muchas familias con niños, a los dos países centroamericanos a modo de escala mientras las autoridades organizan una forma de enviarlos de regreso a sus países de origen.
Los críticos lo describieron como una forma de que EEUU externalice su proceso de deportación.
El acuerdo alimentó preocupaciones sobre derechos humanos cuando cientos de deportados detenidos en un hotel en Ciudad de Panamá colocaron notas en sus ventanas pidiendo ayuda y diciendo que tenían miedo de regresar a sus propios países.
Según la ley internacional de refugiados, las personas tienen derecho a solicitar asilo cuando huyen de conflictos o persecuciones.
Aquellos que se negaron a regresar a casa fueron enviados más tarde a un campamento remoto cerca de la frontera de Panamá con Colombia donde pasaron semanas en malas condiciones, fueron despojados de sus celulares, no podían acceder a asesoría legal y no se les informó a dónde irían después.
Abogados y defensores de derechos humanos advirtieron que Panamá y Costa Rica se estaban convirtiendo en “agujeros negros” para los deportados, y dijeron que su liberación era una forma para que las autoridades panameñas se lavaran las manos de los deportados en medio de crecientes críticas por violaciones de los derechos humanos.
Tras la liberación del sábado por la noche, abogados de derechos humanos identificaron al menos a tres personas que requirieron atención médica. Una llevaba una semana vomitando, otra tenía diabetes y no había tenido acceso a insulina en el campamento, y una tercera persona estaba infectada de VIH y tampoco había tenido acceso a medicamentos durante su detención.
Aquellos que fueron liberados la noche del sábado, como Omagh, dijeron que no podían regresar a casa.
Como ateo y miembro de un grupo étnico en Afganistán conocido como los hazara, dijo que regresar a casa bajo el gobierno Talibán —que volvió al poder tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN durante el gobierno de Joe Biden— haría que lo mataran. Solo fue a EEUU después de intentar durante años vivir en Pakistán, Irán y otros países, pero se le negaron las visas.
Omagh fue deportado después de presentarse a las autoridades estadounidenses y pedir asilo en EEUU, lo cual se le negó.
“Mi esperanza era la libertad. Solo libertad”, dijo. “No me dieron la oportunidad. Pedí muchas veces hablar con un funcionario de asilo y me dijeron ‘No, no, no, no, no’”.
Aun así, dijo que salir del campamento fue un alivio. Omagh y otros migrantes que hablaron con la AP detallaron la escasez de alimentos, el calor sofocante con poco alivio y la agresividad de las autoridades panameñas
En un caso, Omagh y otros dijeron que un hombre chino realizó una huelga de hambre durante una semana. En otro, estalló un pequeño disturbio porque los guardias se negaron a darle su celular a un migrante. La protesta, dijeron, fue reprimida por guardias armados.
Las autoridades panameñas negaron las acusaciones sobre las condiciones del campamento, pero bloquearon el acceso de los periodistas al lugar y cancelaron una visita de prensa planificada la semana pasada.
Aunque las organizaciones internacionales de ayuda dijeron que organizarían viajes a un tercer país para las personas que no querían regresar a casa, las autoridades panameñas dijeron que las personas liberadas ya habían rechazado ayuda.
Omagh dijo que en el campamento le dijeron que podría ser enviado a un tercer país si este otorga visas a personas de Afganistán. Dijo que eso sería increíblemente difícil porque pocas naciones abren sus puertas a personas con pasaporte afgano.
Dijo que preguntó varias veces a las autoridades en el campamento si podía solicitar asilo en Panamá, y dijo que le dijeron que “no aceptamos asilo”.
“Ninguno de ellos quiere quedarse en Panamá. Quieren ir a Estados Unidos”, dijo Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, en una entrevista con la AP el mes pasado.
Ese era el caso de algunos, como una mujer china que habló con la AP bajo condición de anonimato, temiendo represalias de las autoridades panameñas.
Al bajar del autobús, lo primero que quería hacer era encontrar una Coca-Cola. Luego, encontraría una forma de regresar a EEUU.
“Todavía sigo queriendo ir a Estados Unidos y cumplir mi sueño americano”, dijo.
