Pedirán revisión “caso por caso” con la Ley Sanjuana

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Blakely Morales

Tras recuperar su libertad y en rueda de prensa junto al equipo de Perteneces Justicia y Dignidad, Sanjuana Maldonado y el presidente de la asociación José Mario de la Garza, anunciaron la presentación de una iniciativa para reglamentar la figura del indulto en San Luis Potosí, pues consideraron que existen muchos y muchas Sanjuanas más, acusados injustamente en las cárceles de San Luis Potosí.

La iniciativa fue entregada a Oficialía de Partes del Congreso Local un día después de que el Pleno del Legislativo votó a favor el indulto de gracia por razones humanitarias a favor de Sanjuana Maldonado, la mujer que junto a Perteneces y una docena de organizaciones a nivel nacional y local, cometieron una hazaña al conseguir el primer indulto en la historia de la entidad.

En su exposición de motivos, la iniciativa destaca que en el orden federal no existe una ley reglamentaria del beneficio constitucional del indulto, aunque sí se establece en un capítulo del Código Penal Federal. El caso de San Luis Potosí en materia de indulto es sui generis; pues es el Congreso del Estado y no el Poder Ejecutivo, el que cuenta con la atribución plasmada en el artículo 57 de la Constitución Local, además del artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Junto a Michoacán, SLP es la única entidad que reconoce la potestad del Poder Legislativo estatal para conceder o no un indulto y coinciden ambos estados, en la falta de una ordenamiento que regule las condiciones procesales de esta figura.

Esa carencia fue motivo de análisis y posicionamientos, durante el debate del proyecto de decreto que finalmente le concedió la libertad a Sanjuana Maldonado en el jueves pasado.

Fueron los diputados Alejandro Leal del PRI y Rubén Guajardo del PAN, quienes a pesar de votar a favor, presentaron consideraciones, señalando la falta de una regulación. El diputado blanquiazul fue un poco más allá y el jueves por la mañana, durante la discusión, anunció que presentó un iniciativa, con la que principalmente busca poner “candados” a la figura del indulto en SLP.

Así lo explicó en una entrevista para el canal oficial del Poder Legislativo:

Por otro lado, el abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente y fundador de la asociación civil Perteneces, Justicia y Dignidad, consideró que condicionar el acceso al indulto, denota falta de conocimiento en la materia de Derechos Humanos.

La iniciativa presentada el viernes por él y por Sanjuana Maldonado acompañados de algunas de las organizaciones que arroparon la solicitud de indulto, contiene un extenso estudio comparado que concluye con la propuesta de Ley que regula el indulto en el estado de San Luis Potosí.

Con cuatro capítulos y 18 artículos, la Ley propone seis supuestos de improcedencia para un indulto entre los que destacan condenas por más de un delito, procesos pendientes con la justicia y reportes disciplinarios de mala conducta de las personas privadas de la libertad.

Establece que los solicitantes deberán contar con un oficio o arte, y haber cumplido una cuarta parte de su condena, entre otras circunstancias.

Interrogado al respecto, De la Garza Marroquín, explicó el viernes que la iniciativa plantea en su esencia que las solicitudes de indulto sean revisadas caso por caso.

 

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