Perfiles con denuncias en la elección judicial local
Blakely Morales
San Luis Potosí.- Este medio ha documentado al menos dos perfiles que compiten por un lugar en el poder judicial local uno para juez familiar y el otro de oralidad, que han sido denunciados penalmente por ciudadanos que cuestionan su actuar como juez y como agente fiscal de la policía de métodos de investigación, respectivamente.
Un tercer caso, que fue el primero en ser ventilado, fue el denunciado por la diputada Martha Aradillas, del Partido Verde, que recién iniciada la campaña local señaló a un notario que aspiraba a ser juez, Raúl Martínez.
De manera pública Aradillas incluso reveló la existencia de una orden de aprehensión por presunta difusión ilícita de imágenes, que no se ha confirmado.
Tras las declaraciones, el Congreso Local emitió sendo pronunciamiento dirigido al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y al día de hoy en la base de datos del CEEPAC, el sujeto ya no aparece como contendiente del próximo primero de junio.
Quienes sí continúan y cuyos nombres aparecerán en la boleta el domingo son los siguientes casos:
Juan Fernando Salazar Hernández, que es juez primero de la rama familiar actualmente y que busca permanecer en el puesto, tiene una denuncia en su contra registrada bajo el número de expediente 17188 del 2024, acusado de cohecho y ejercicio abusivo de funciones.
En un señalamiento publicado por el medio La Orquesta, un ciudadano de apellido Monsiváis lo acusa de tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado, pues lo señala de orquestar una red de corrupción para perjudicarlo dentro de un proceso de divorcio incausado.
Según la narración del denunciante, sus propios abogados se coludieron con este juez para despojarlo de una casa y diversas propiedades; en una declaración que le dió a ese medio local, Omar Monsiváis dijo sobre el juez Salazar que “no protege ni a mujeres ni a hombres, sino a quien le paga”.
Y es que, hay al menos otro dos señalamientos públicos en su contra, uno muy similar donde una mujer de apellido Vázquez lo acusó de despojo con una denuncia hecha pública con una lona en las afuera del Poder Judicial del estado.
Además, colectivas de víctimas de violencia vicaria lo identifican como un juez aliado de las organizaciones que han conformado los grupos de hombres a quienes denuncian como sus agresores, y con poca capacitación en perspectiva de género e infancias, misoginia y violencia institucional.
EN otro caso documentado por este MG, se involucra a un aspirante que actualmente funge como agente fiscal adscrito a la Unidad de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio de la Fiscalía General del Estado en la capital, pero que busca convertirse en juez de oralidad penal en la séptima circunscripción, en el distrito 07 con cabecera en Tancanhuitz.
Un ciudadano que pidió no ser mencionado interpuso una denuncia que quedó registrada bajo el número de expediente 14176 del 2024, de la cual este medio tiene copia, donde señala al agente fiscal Cristopher Núñez de ejercicio abusivo de sus funciones por diversas irregularidades.
Entre ellas, el no permitirle acceso a la defensa a la carpeta de investigación en su contra, la integración de posibles pruebas falsas, testimonios apócrifos y una investigación simulada, por un presunto delito de fraude, que al parecer, no le correspondía investigar, y que involucra una cantidad superior al millón de pesos.
El denunciante incluso llegó a la cárcel sin saber exactamente de qué se le acusaba.
Para este reporte se pudo saber de al menos tres casos similares, donde el agente Cristopher Núñez y una presunta red dentro de la propia fiscalía atraen casos que involucran fuertes cantidades de dinero, en una dinámica de la que ya tiene conocimiento la fiscal general María Manuela García Cázares.
