Padres y madres de los normalistas desaparecidos acusan que autoridades militares estarían violando lo decretado por AMLO sobre el esclarecimiento del caso
Infobae.- El Ejército no podrá destruir documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, así lo determinó el Poder Judicial de la Federación (PJF), según un comunicado dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro dh).
Fue el pasado 15 de agosto cuando padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa interpusieron una demanda amparo ante el PJF en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar debido que los padres consideran que los militares estaban desobedeciendo el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el que se ordenó a las instancias colaborar con el caso Ayotzinapa.
Los familiares de los normalistas constataron que el Ejército ha ocultado de manera arbitraria diversos reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, a pesar de que dichos documentos podrían tener contenido relevante para aclarar lo sucedido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Fue tras el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que los familiares de los estudiantes desaparecidos tuvieron “pleno conocimiento” de que el Ejército ocultaba la información. Por lo que los padres y madres de los normalistas han pedido que no se destruya, altere, depure o eliminen los documentos.
De esta manera, el pasado 1 de septiembre, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito “ordenó a las autoridades militares abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información” que los padres y las madres identificaron en su demanda”.
Caso Ayotzinapa, nueve años sin esclarecerse
Mientras que en el comunicado del Centro Pro dh, compartido durante la mañana del domingo 3 de septiembre se puede leer que tras nueve años el caso Ayotzinapa no ha sido resuelto, a pesar de algunos avances en el mismo todavía hay obstáculos que no permiten conocer lo que sucedió.
“El último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten, señaladamente en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018″
Los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa señalan como responsables del ocultamiento a diversas autoridades militares, entre las que se encuentra el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, entre otros.
De igual manera, los familiares de los normalistas desaparecidos buscan que el presidente López Obrador los reciba para entablar un diálogo, pues no se ha esclarecido de manera plena el caso, de tal manera que los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa seguirán yendo a instancias legales tanto nacionales como internacionales para hacer valer sus derechos.
En otras acciones, recientemente el periódico estadounidense The New York Times tuvo acceso a nuevos mensajes en los que presuntamente se muestra la colusión de policías, militares, funcionarios y miembros del crimen organizado, pues de acuerdo al citado medio varias ramas del gobierno habrían trabajado en secreto con un grupo criminal.
Lo anterior fue dado a conocer luego de la revisión de alrededor de 23 mil mensajes de texto provenientes de testimonios y archivos de las investigaciones y según el medio estadounidense los militares que dieron seguimiento al secuestro de los normalistas recibieron sobornos por parte del grupo delictivo.
Según el periódico las comunicaciones del grupo criminal fueron interceptadas por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), debido a una investigación de tráfico de sustancias ilícitas. Dichos mensajes de texto fueron proporcionadas a las autoridades mexicanas el año pasado.
