Al rendir su tercer informe de actividades al frente del Poder Judicial del Estado, la Magistrada Olga Regina García López, destacó que el trabajo conjunto de los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura permitió la modernización de la impartición de justicia con el desarrollo de sistemas tecnológicos sin precedente.
Asistieron a la ceremonia de Pleno solemne, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y en representación del Poder Legislativo, el Diputado Rubén Guajardo Barrera; la Licenciada Ruth González Silva, Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; el Fiscal General del Estado, Maestro José Luis Ruiz Contreras; representantes de los tribunales federal, de justicia administrativa, entre otras autoridades Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, agradeció al Gobernador Constitucional del Estado el apoyo y coordinación interinstitucional, particularmente en el tema de justicia e instituciones sólidas, “en usted hemos encontrado un aliado, que busca siempre el bien común en favor de la ciudadanía” y al Poder Legislativo, “por el trabajo coordinado que se ha realizado en materia de análisis de reformas legislativas, y por considerarnos en temas de relevancia a favor de los grupos vulnerables”.
Al referirse al inicio de su administración, en el año 2020, meses antes de la pandemia provocada por covid, la Magistrada Presidenta dijo que, aunque se tuvieron que cerrar parcialmente las actividades al público, se continuó trabajando a puerta cerrada y sin detener la labor jurisdiccional y administrativa, conscientes de la importancia del derecho humano de acceso a la justicia, una vez adoptadas todas las medidas sanitarias recomendadas por el sector Salud, el Poder Judicial de San Luis Potosí, fue de los primeros Tribunales en el país en reabrir sus puertas.
“Una vez, de frente a la nueva normalidad, y gracias al trabajo conjunto de los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, nos dimos a la tarea de modernizar la impartición de justicia; potenciando el uso de la tecnología, se desarrollaron nuevos sistemas informáticos y con ello, se ampliaron las funciones digitales de las diferentes áreas del Tribunal, así como por primera vez, se instalaron sistemas informáticos en los juzgados del interior del Estado, concretamente en Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde; se instaló el sistema de Tocas electrónicos en las Salas Civiles; y se desarrollaron diferentes servicios, lo que permitió a la ciudadanía realizar trámites judiciales, a través de sus dispositivos electrónicos, entregando a la población un Tribunal más moderno y ágil.
Entre los sistemas informáticos creados destacan el sistema para la gestión actuarial en juzgados familiares; el módulo de referencias bancarias que permite el depósito de garantías en juzgados foráneos reduciendo con ello un 60 por ciento el tiempo de procesamiento de los billetes de depósito del interior del estado; el módulo de registro de deudores alimentarios; se actualizó el módulo del sistema de gestión judicial penal para obtener indicadores sobre delitos de naturaleza sexual, además de la ampliación de la cobertura del Sistema Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE) en Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala en los cuales se pueden consultar los expedientes a cualquier hora del día.
Con los sistemas desarrollados se realizaron más de 111 mil trámites jurisdiccionales en línea.
Se emprendió la digitalización del Archivo Judicial, preservando la memoria del Poder Judicial, al digitalizar fondos documentales, llevando a cabo su captura e indexación con la correspondiente certificación de autenticidad para luego ser resguardados en un micrositio alojado en la página web institucional. A cinco meses de haber iniciado la primera etapa que comprende los años 2015 a 2019, se digitalizaron 69 mil 902 expedientes, capturando más de 9 millones 400 mil imágenes.
Otro de los grandes retos cumplidos, fue la consolidación del Sistema Laboral en sede Judicial, y gracias a la participación de la Secretaría del Trabajo tanto Federal como Estatal, del Gobernador Constitucional del Estado y de la Secretaría General de Gobierno, se ha fortalecido la justicia social, por medio de colaboraciones interinstitucionales, “lo que ha permitido colocarnos como un referente a nivel nacional en el servicio”, afirmó la Magistrada Olga Regina García López.
Entre las obras de infraestructura que se llevaron a cabo, destacan la apertura del Juzgado Séptimo Familiar que desde el pasado mes de marzo brinda atención en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; la construcción de un nuevo juzgado familiar en la Ciudad Judicial a partir del próximo mes de enero, el cual permitirá descongestionar la carga de trabajo en esta materia; la reestructuraron espacios que anteriormente ocupaban las Salas de Oralidad en el Centro de Justicia penal antiguo por lo que ahora se cuenta con 9 salas para el desahogo de audiencias.
En acciones realizadas para garantizar la igualdad y respeto a los derechos humanos, la Magistrada Presidenta destacó la capacitación de magistradas y magistrados, la totalidad de juezas, jueces, secretarias de acuerdos de los juzgados especializados, mediante la impartición de 32 cursos sobre derechos de las mujeres, incluyendo el tema de violencia vicaria; de la niñez y adolescencia; de pueblos originarios, de personas adultas mayores, personas LGBT y personas con discapacidad, con un registro superior de 4 mil participantes.
“Una de las prioridades en el Poder Judicial del Estado es que la actividad de todo su funcionariado sea legal y ética; teniendo como principio la cero tolerancia a todas aquellas conductas que atenten contra la correcta impartición de justicia”, dijo la Magistrada Olga Regina García López”.
Atendiendo lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina dio trámite a 70 procedimientos administrativos, impuso 13 sanciones, entre ellas, la suspensión a 4 funcionarios y también, hubo órganos jurisdiccionales sin recomendaciones.
En materia de transparencia, el Poder Judicial del Estado se ha colocado como garante del principio de máxima publicidad de la información pública, siendo el único Poder Judicial de las entidades federativas que publica la totalidad de sus sentencias íntegras en formato abierto para su impresión, por considerarlas de orden público; también, el único que publica de manera completa todas sus sentencias en materia de violencia contra las mujeres, ello en cumplimiento a los requerimientos del Comité CEDAW, y además, difunde las versiones estenográficas y virtuales de las sesiones plenarias del Supremo Tribunal de Justicia, adelantándose a la iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que ahora contempla ese requisito.
En cuanto a la función jurisdiccional, principal actividad del Poder Judicial, reporta que en las Salas de las materias civil, mercantil y familiar se dictaron 1,460 sentencias e interlocutorias; en contra de esas determinaciones se promovieron 537 juicios de amparo, de los cuales 73 fueron concedidos para efectos.
Por cuanto hace a las Salas en materia penal del sistema tradicional, se dictaron 827 sentencias definitivas e interlocutorias, respecto de las que se promovieron 135 juicios de amparo, sin concederse alguno de fondo.
Y en el sistema penal acusatorio en segunda instancia, se resolvieron 267 apelaciones en contra de las cuales se interpusieron 158 amparos, sin concederse alguno de fondo.
En los juzgados de las materias civil, familiar, mercantil, de ejecuciones, penal y de adolescentes del sistema tradicional, laboral y en oralidad para adolescentes se emitieron 20 mil 063 sentencias definitivas e interlocutorias y se dictaron 407 mil 834 acuerdos.
El Juzgado Especializado en órdenes de protección amplió su competencia y otorgó 347 solicitudes.
El Sistema de Gestión para la Oralidad Mercantil, emitió 6,100 acuerdos y emitió 235 sentencias definitivas e interlocutorias.
En el sistema Penal Acusatorio se llevaron a cabo 8 mil 997 audiencias en las que se dictaron 688 resoluciones de vinculación a proceso, 211 sentencias y 442 causas penales se resolvieron a través de salidas alternas.
Resultado de la auditoría realizada por la casa certificadora, al sistema documental y al personal involucrado, se recomendó mantener la certificación ISO 9001:2015 otorgada en el año 2021 a los Centros de Justicia Penal en el estado.
