Por decreto, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, pretende imponer a Cecilia de los Ángeles González Gordoa, como magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, TEJA, a pesar de que supuestamente cuenta con diversas denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, FGE, por anomalías como permitir que en el DIF Estatal se generará la entrega de menores sin cuidar los requisitos de Ley.
Los abogados, Efraín Torres Salazar y Juan José Frías Aguilera de la Asociación de Abogados Postulantes y Litigantes especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad A.C., fueron quienes se manifestaron preocupados porque este 24 de septiembre el gobernador del Estado pretende emitir un decreto nombrándola como magistrada.
Cuentan con información que refiere que el Jefe del Ejecutivo Estatal, está planeando un recurso inconstitucional para imponerla en el cargo, aún y cuando tiene en su contra serios señalamientos por permitir que en el DIF Estatal se dieran casos de robo, niños extraviados y tráfico de menores. Además, señalaron que no se debe olvidar que en su periodo como funcionaria del DIF se dio la violación de menores por parte de un funcionario de la institución, y no se pronunció ni defendió a los menores.
“Es un atentado a la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanan, es un acto ilegal e inconstitucional, el área jurídica del gobierno del Estado, está fraguando un decreto para instalarla como magistrada, situación que de estudio jurídico se establece que para hacer esas facultades, el gobierno del Estado requiere que se reúnan ciertos requisitos, y ella no puede, incumple todas las normativas de Ley, no cuenta con una carrera y experiencia judicial, sería una violación al Estado de Derecho que desde el Congreso del Estado secundaran al gobernador”.
Son diversos temas por presuntos actos de corrupción, ilegalidad y uso excesivo del Poder que han denunciado los abogados, a los cuales se suman Marco Antonio Coca Manzanares, José Matilde Hernández, Guillermo Mendieta del Colegio de Abogados Plan de San Luis A.C., de la Asociación de Abogados de Rioverde y Zona Media y de la Asociación de Abogados de Ciudad Valles y la huasteca potosina.
Los abogados, insisten en que no permitirán este tipo de situaciones y continuarán presionando al Congreso del Estado y al Ministerio Público de San Luis Potosí, para que no encubran a la aún funcionaria del DIF a quien quieren seguir manteniendo del recurso del pueblo.
