Presionaron a la magistrada presidenta y suspendieron a una juez familiar
Blakely Morales
Antes de retirarse para iniciar su periodo vacacional, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Olga Regina García López, tuvo que enfrentar un conflicto que lleva algunas semanas cocinándose en la agenda, relacionado con la disputa entre sectores de la sociedad, por la reciente incorporación y penalización de la violencia vicaria dentro de la Ley Estatal de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En esta ocasión, el movimiento de padres solteros, ahora denominado colectivo “Almas responsables por la libertad de nuestros niños”, tomó la sede del Poder Judicial en Luis Donaldo Colosio, tal como lo hizo el pasado 07 de diciembre con las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; con dos objetivos en particular, que al final obtuvieron.
El primero, que la presidenta del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura Estatal, la magistrada Olga Regina García López, determinara la apertura de los centros de convivencia para padres divorciados en los días próximos que son festivos, a fin de poder pasar tiempo con sus hijas e hijos; el segundo, la remoción de la única juez mujer que permanecía en los juzgados de lo familiar en el Distrito judicial de la capital, la licenciada Oralia Lizbeth Solís Aguilar.
Desde el jueves, el grupo de padres divorciados, y uno en particular que además es señalado como deudor alimentario en los tendederos, irrumpió en la oficina de la presidencia de manera intempestiva, acompañado de la activista pro vida Teresa Carrizales y la abogada Natalia Castillo, quienes se han convertido en voceras y organizadoras de este colectivo.
Por la noche, realizaron lo que denominaron una “lunada por las infancias” y de manera simbólica, llevaron regalos de Navidad y encendieron veladoras, por los niños y las niñas, que según dijeron, no podrán pasar navidades con sus padres a causa de que son “rehenes”, usando sus propias palabras, de las mujeres madres a quienes llaman “las vicarias”.
Instalaron un par de casas de campaña y se quedaron a dormir en la explanada, a las afueras de la Ciudad Judicial. El viernes temprano, las activistas y los padres divorciados esperaban que la presidenta magistrada García López los atendiera, y desde las cuatro de la mañana estuvieron transmitiendo videos en vivo en sus redes sociales.
A las seis, la derechista Teresa Carrizales, transmitió un video desde la parte trasera de la Ciudad Judicial, en el acceso al estacionamiento para magistrados, cuando fue presuntamente víctima de una agresión por parte de dos agentes de seguridad privada que custodiaban el ingreso al edificio.
Este es un fragmento extraído en audio, del video grabado por Carrizales en vivo a través de sus redes:
Más tarde, en otro video en su cuenta de Instagram, Carrizales Hernández, dijo que se encontraba en el hospital, que había tenido que ser internada por dislocación de codo y otras supuestas lesiones; aparece con collarín, una férula, vendas, y festeja que tras la presunta agresión, la presidente del PJE se reunió con ella, y logró el objetivo de destituir a la jueza Oralia Lizbeth Solís Aguilar.
El fin de semana, en su página oficial, el Poder Judicial publicó un aviso muy breve en el que confirmó que “el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó el cambio temporal de la titular del juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial”, sin dar mayores explicaciones acerca del por qué.
En su video en Instagram, Carrizales vinculó al movimiento del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria con la supuesta agresión en su contra; festejó la destitución de la juez Oralia Lizbeth Solís Aguilar, y de paso envió un mensaje al movimiento feminista. Este es un fragmento extraído en audio:
En el otro extremo la respuesta no se hizo esperar, el mismo viernes el Frente Nacional en Contra de la Violencia Vicaria, se apersonó y convocó desde el Poder Judicial a una rueda de prensa, al tiempo en que solicitó reunirse con la magistrada presidenta. Un grupo nutrido de organizaciones como la Red de Abogadas Potosinas, el Centro Lúminas de DDHH, y representantes del Colegio Potosino de Abogados, acudieron para acompañar y defender a la juez Oralia Lizbeth Solís Aguilar.
Las organizaciones condenaron su destitución, cuando apenas hace unos días, recibió un reconocimiento de manos de la propia magistrada presidenta, en el Primer Concurso de Sentencias con Perspectiva de Género del Poder Judicial de SLP.
En el trasfondo de esta serie de presiones y destituciones, se encuentra esa resoluciones en juicios a favor de madres, algunas de ellas representantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria; y en perjuicio de integrantes del colectivo de “padres solteros”.
El PJ explicó en su breve comunicación del fin de semana en su página que, la determinación del cambio temporal para la juez Oralia Lizbeth Solís Aguilar, es “a efecto de realizar las investigaciones procedentes”, aunque tampoco explica el origen de esas indagatorias.
En su encuentro con las activistas y abogadas de las organizaciones afines al movimiento del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, la presidenta del STPJ, Olga Regina García, negó que la remoción del cargo de la juez Oralia Lizbeth, haya sido producto de las presiones; dijo que se trata de un procedimiento interno preventivo, pues presumió que la integridad de la juez, podría estar en riesgo.
Las organizaciones feministas, calificaron el acto, como una represalia del pacto patriarcal que subsiste en el sistema de justicia estatal. Este es un fragmento extraído en audio de una transmisión en vivo de la reunión entre las organizaciones y la magistrada presidenta Olga Regina García López:
